‘Ecologistas’ vuelve a cargar contra la CHD por las "inviables" presas del Órbigo

Ecologistas en Acción de León carga contra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por las actuaciones "contradictorias, arbitrarias y pergeñadas sin la mínima honestidad nitransparencia" que el organismo ha llevado a cabo con respecto a las presas del Órbigo, cuya redacción del proyecto ha salido a licitación recientemente, por valor de dos millones de euros.

La asociación se ampara en las conclusiones del Estudio de viabilidad económico-financiero de las presas de La Rial y Los Morales, realizado en 2019 por el Agricultural and Water Resources Economic Groupsde la Universidad de Salamanca, del que han recibido copia «tras años de pugna sobre su necesaria publicidad», si bien es un instrumento que, según recuerdan desde el colectivo, "se vendió desde el ente público como una herramienta fundamentalen la toma de decisiones respecto al controvertido proyecto de regulación". Con este informe en la mano, los ecologistas mantienen su postura en contra de la construcción de los pantanos, y más si cabe dada la valoración del documento, que "el análisis académico considera que el escenario statu quo en el que no se construyen los embalses es preferido al escenario de construcción de embalses en la mayoría de los escenarios para todos los métodos de toma de decisiones robustas considerados...".

El estudio, en el que se implementa la metodología‘Toma de Decisiones Robustas’(Robust Decision Making) a través de cuatro procedimientos analíticos sobre 10.000 escenarios posibles, concluye como más favorable la opción de mantener el ‘status quo’, por lo tanto, no construir las presas. Esto es el ‘marco de racionalidad limitada’ (Bounded Rationality Framework BRF), donde afirma que «la estrategia preferida siguiendo un BRF es el statu quo, pero también en la ‘maximización entre mínimos’ (MinMax) y en el ‘arrepentimiento mínimo’ (MinMaxRegret), que determina: "El statu quo es revelado preferido en el 94.6% de los escenarios considerados". Finalmente, existiría el procedimiento analítico de ‘juicio experto’, a desarrollar con posterioridad a la realización del Estudio, en el que los resultados pudieran divergir, cuando según apostilla la conclusión final del documento: "…este resultado (mantener el ‘status quo’) se espera sea complementado en la siguiente etapa con una toma de decisiones robusta utilizando el método de juicio experto, en el que se utilizarán los resultados del presente informe como insumos para guiar las decisiones de los expertos de la Confederación".

Con todo ello, la asociación ambientalista se pregunta si ha existido tal desarrollo de conclusiones por "juicio experto" que avale "dilapidar dos millones de euros en licitar la redacción de un proyecto con estudio de viabilidad adverso, o si ha sido a la hora de anunciar la dilapidación de dos millones de euros en la búsqueda de alternativas a dichos proyectos inviables, cuando ha prevalecido el ‘juicio experto’, osimplemente, el ente ha perdido el juicio". Continúan agregando que«hace cuatro años la Confederación trató de apaciguar la oposición a los embalses encargando la elaboración del documento remitido esta semana a Ecologistas en Acción. Un estudio de viabilidad contratado para arrojar luz sobre las cuestionadas presas y respaldar las decisiones a tomar. El presidente del Sindicato Central del Embalse de Luna afirmó, tras reunirse de urgencia con la presidenta de CHD por aquel entonces, que de considerase inasumible el coste de las presas (en el Estudio a realizarse) se optaría por otra alternativa, según le indicaron, conviniendo una reunión para analizar los resultados que arrojara el equipo de la USAL, tan pronto como estuviera redactado. Sin embargo, durante años se ha privado de esta información al conjunto de la sociedad mientras con una alevosa opacidad se ha decidido licitar incongruentemente soluciones opuestas: un estudio de alternativas (anunciado por la Confederación) y la redacción de un proyecto constructivo inviable técnicamente, según la documentación recién conocida", sentencian los ecologistas, a la par que piden explicaciones a la CHD porque consideran "obvio que no se ha velado por el interés público general, ni se está procediendo con seriedad" en este asunto.