La edad media de los beneficiarios de las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León en el año 2023 fue de 45,51 años en la provincia de León, la cifra más alta de la Comunidad solo por detrás de la de Ávila, que se disparó hasta los 46,13. Como la mayoría del territorio, la provincia leonesa está por encima de la media conjunta (al igual que cinco de las nueve provincias) que se estableció en 44,90 años, una media que descendió notablemente gracias a Salamanca, donde las cuentas cifraron este dato en 43,19 años reduciendo las ponderaciones de las demás áreas, seguida por Soria y sus 43,48 años, siendo ambas las dos zonas con los datos más bajos de la autonomía.
Estos detalles pormenorizados de la subvención fueron presentados este miércoles por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien, junto a la directora general de Vivienda, María Pardo, y la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, desglosaron los datos por provincias.
De esta forma, también deslizaron que León es el segundo territorio con más subvencionados mayores de 65 años, sumando un total de 388 (274 mujeres y 114 hombres) , solo por detrás de Valladolid y sus 403 personas (246 mujeres y 157 hombres). Las provincias que menos mayores registraron fueron Soria con tan solo 33 receptores en esta categoría (15 mujeres y 18 hombres) y Segovia que no llegó al centenar con sus 96 (49 mujeres y 47 hombres).
Separados por sexos, de los 3.639 expedientes aprobados en León, 2.373 fueron para mujeres y 1.266 para hombres. También ellas suman mayores cifras en el apartado de los jóvenes, donde de los 1.089 registros presentados en esta categoría, fueron 714 las mujeres beneficiadas frente a los 375 hombres. Otros datos que compartieron desde la Junta fueron el número de familias que recibieron esta ayuda (285), así como la cifra de las personas discapacitadas (643).
Tres de cada cuatro son españoles
Ya sin desglose provincial, Quiñones explicó que tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas de Castilla y León son ciudadanos españoles y el resto extranjeros con permiso de residencia «legal», que aportan «población, trabajo y actividad» a la Comunidad. En concreto, la resolución de la convocatoria correspondiente a 2023 atendió a 13.946 personas con nacionalidad española, el 75,56 por ciento, mientras 4.510 eran foráneos, el 24,44 por ciento, que tienen «los mismos derechos», según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a declaraciones recogidas por Ical.
En la presentación de los datos, tras emitir este lunes y martes las órdenes de pago desde la Tesorería de la Junta, el titular de Vivienda explicó que esta distribución entre ciudadanos españoles y extranjeros se ha mantenido estable en los últimos y avanzó que su departamento estudia mejoras técnicas en la gestión que se incorporarán en las nuevas bases que verán la luz después del verano, para la convocatoria que se publicará a finales de 2024 y que se resolverá en 2025.
En ese sentido, Quiñones aseguró que se revisará el procedimiento de renovación, aplicado este año y que ha agilizado el procedimiento de resolución, porque reconoció es «difícil» mantener este sistema en el futuro porque el beneficiario tiene que demostrar que cumple las condiciones exigidas en las ayudas en cada convocatoria, ya que señaló tienen que gestionar el dinero público con «exactitud» y «mucha pulcritud».
De esta forma, reconoció que están evaluando la «complejidad» de este modelo que en la convocatoria de 2023 generó 10.117 expedientes de renovación, frente a los 8.339 de nueva tramitación. Por ello, pretenden analizar si esta opción, introducida como novedad en la última convocatoria, ofrece la eficiencia suficiente para mantenerse en la siguiente, en la que además se pretende potenciar la solicitud telemática para simplificar la gestión administrativa, junto a otras mejoras, como la posibilidad de introducir criterios de progresividad, con el objetivo de que quien más lo necesite, reciba también más fondos.
Otra de las cuestiones que tendrá en cuenta Vivienda en la nueva convocatoria será el límite de la renta que abona el solicitante, fijada en 550 euros para los núcleos urbanos y 450 para los rurales -800 para familias numerosas y entre 150 y 200 para habitaciones-, dado que 1.041 peticiones se desestimaron por esta causa y la tendencia al alza de los precios. Quiñones explicó que hacen un estudio de mercado sobre lo sucedido en 2024, pero indicó que las ayudas de la Comunidad no son generales para todos los arrendatarios, sino que tienen un objetivo social, para llegar a las personas con más necesidades, ya que señaló esta línea tiene un «techo» y no puede escalar en cuanto a su presupuesto de forma «infinita». Además, 260 peticiones fueron desestimadas por ser incompatibles con este bono.