Hay dos conceptos que son los que controla con especial cuidado el Ministerio y que por ello incluye a estos ayuntamientos en su particular lista negra. Por un lado está el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que para el ejercicio 2018 se establecía en 0 para las entidades locales, es decir, que los ingresos deben cubrir los gastos, por lo que está permitido el superávit pero no el déficit. Y precisamente por este último caso están en el foco de Hacienda varios municipios de la provincia de León: Almanza, Cuadros, San Emiliano, Soto de la Vega, Trabadelo, Vega de Infanzones, Villabraz y Villademor de la Vega. Entre estos ayuntamientos destacan algunos como Cuadros, que tiene un déficit de 391.044 euros, seguido por Soto de la Vega, con 167.414 euros y Villademor de la Vega, con 106.115 euros.
A esta lista se unen los consistorios que no cumplen con la regla de gasto, es decir, que las cantidades que pagan los ayuntamientos los pueden mantener a medio plazo teniendo en cuenta que sus ingresos son estables y sostenidos en el tiempo.
Este techo de gasto, como también se denomina, es incumplido por varias entidades locales en la provincia de León, según el informe de Hacienda: Almanza, La Bañeza, Benavides de Órbigo, Benuza, Carucedo,Castrillo de Cabrera, Castrocalbón, Castrotierra de Valmadrigal, Cistierna, Cuadros, Cubillas de Rueda, Fabero, Gradefes, Joarilla de las Matas, Matadeón de los Oteros, San Emiliano, Santa María del Páramo, Santiago Millas, Soto de la Vega, Valdefresno, Valderas, Valverde de la Virgen, Valverde-Enrique, Vega de Infanzones, Villademor de la Vega y Villamanín.
Son por tanto 28 ayuntamientos los que están incluidos en esta lista de consistorios que no cumplen con uno de los dos (o los dos) requisitos de Hacienda para que se considere que están en una situación económica controlada, lo que supone el 13,2 % de los 211 municipios de la provincia de León.
Eso sí, hay que tener en cuenta que son 53 los ayuntamientos que no remitieron la información solicitada por el Ministerio de Hacienda: Acebedo, Barjas, Bembibre, Brazuelo, Cabañas Raras, Campazas, Candín, Cármenes, Castrocontrigo, Congosto, Corullón, Crémenes, Chozas de Abajo, Encinedo, Gordoncillo, Igüeña, Magaz de Cepeda, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Matallana de Torío, Matanza, Noceda del Bierzo, Oencia, Las Omañas, Onzonilla, Oseja de Sajambre, Pajares de los Oteros, Palacios de la Valduerna, Peranzanes, La Pola de Gordón, Posada de Valdeón, Priaranza del Bierzo, Quintana de Marco, Quintana y Congosto, Reyero, Riaño, Riego de la Vega, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz, Sariegos, Sobrado, Turcia, Valdepiélago, Val de San Lorenzo, Villablino, Villagatón, Villajemil, Villamontán de la Valduerna, Villaobispo de Otero, Villaquejida, Villaquilambre, Villaselán y Villaornate y Castro.
Dos mecanismos para controlar el gasto de todos los municipios
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es quizá uno de los mayores quebraderos de cabeza para alcaldes y concejales de Hacienda de todo el país. Fue Cristóbal Montoro, el responsable del Ministerio de Hacienda en aquel 2012 en el que los ayuntamientos estaban aún buscando la fórmula para hacer frente a la deuda e incrementar los ingresos, el que impulsó esta medida a la que se tenían que adaptar todas las administraciones públicas, incluido el propio Gobierno, excepto la Seguridad Social. Y para ello planteaba dos mecanismos con los que controlar la buena salud de las cuentas tanto en el presente como, quizá más importante, para evitar desfases en el futuro. Por tanto, ayuntamientos como San Andrés del Rabanedo o Valderas fueron ejemplo durante aquellos tiempos de lo que podía pasar si no había un férreo control de las cuentas públicas, aunque hay que destacar que el municipio del alfoz ya no está en esta 'lista negra' e incluso tuvo un superávit en 2018 que superó los 5 millones de euros en el ejercicio pasado, pese a que la deuda con los bancos sigue siendo millonaria.Por un lado el objetivo de estabilidad presupuestaria busca que los ingresos cubran todos los gastos ordinarios, es decir, los que están al margen de la financiación bancaria. Esto obliga a que los ingresos sean superiores a los gastos al cierre de cada ejercicio, por lo que está permitido el superávit pero no el déficit. Aunque a algunas administraciones se les permite que haya un cierto grado de déficit, a los consistorios no, por lo que siempre el balance debe ser cuanto menos de cero.
Luego está la regla de gasto, que según explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es "un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las administraciones públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo". Esto supone que se impide "que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente", nunca de forma puntual.