El acuerdo minero prevé restauración de explotaciones y desarrollo de energías renovables

El acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, suscrito entre el Gobierno de España y el sector, lanzará un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, otro de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Ejecutivo convenios de transición justa.

Así lo expuso este miércoles la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un encuentro sobre la cuestión en el marco de la 24ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), que se celebra en Katowice (Polonia). En este sentido, explicó que el Ejecutivo español presentará próximamente la Estrategia Nacional de Transición Justa, uno de los primeros marcos regulatorios en la materia que se aprobarán en el ámbito internacional.

En este sentido, por lo que se refiere a la minería del carbón, subrayó que en octubre se firmó este acuerdo, con el que se pretende dar respuesta a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre obligado -a finales de 2018- de las minas de carbón en cumplimiento de la normativa comunitaria. El sector ya sufrió una transformación significativa en la década de 1990, pasando de 45.000 mineros a los alrededor de 2.000, en la actualidad.

El acuerdo recoge tres tipos de medidas que tienen como objetivo común sentar las bases de una transición justa para trabajadores y territorios en las zonas especialmente implicadas en el futuro económico descarbonizado. En primer lugar, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras abocadas al cierre en cumplimiento de la legislación de la UE.

En segundo, se diseñará un plan de formación y apoyo a la inserción laboral concebido para los trabajadores de minería, incluidos los trabajadores de las empresas de subcontratación, para ajustarse a las nuevas necesidades de empleo que surgirán en el nuevo entorno productivo.

Y, por último, el acuerdo prevé un fondo de 250 millones de euros, para un periodo de cinco años, destinado al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas afectadas para lograr su transformación estructural, la recuperación económica y el bienestar social.