El alcalde de Villaquilambre, Manuel García, a comisaría por el contrato con Gespol SL

La sala de juntas del Ayuntamiento de Villaquilambre se convirtióeste martes en una improvisada sala de interrogatorios. Desde primera hora de la mañana y hasta pasadas las dos y media de la tarde, agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional reclamaron los testimonios del alcalde, Manuel García (PP), de concejales, técnicos y otros funcionarios, dentro de la macrooperación Enredadera por supuestos amaños de contratos de gestión de multas y control de semáforos.

El contrato fue adjudicado a la filial de Sacyr por 14.399 euros con los reparos del secretario y la interventora En el foco de la investigación, la compra del "aplicativo de gestión policial" para "la mejora de la Policía Local" y "la integración en nuevos proyectos y desarrollos legislativos y técnicos que el ayuntamiento pretende acometer en breve", tal como se define en la invitación para participar en el procedimiento licitador del contrato. En el documento mencionado, del 20 de diciembre del pasado año, se establecía el precio máximo del contrato en 14.520 euros con IVA. Finalmente, la Junta de Gobierno del 1 de marzo daba el visto bueno a la adjudicación a Gespol SL por 14.399 euros con los reparos del secretario y de la interventora por la falta de competencia de más empresas. Más allá del importe del contrato, las pesquisas policiales se centraban en la empresa adjudicataria. Supuestamente, según ABC, a cambio de esas concesiones municipales los responsables de las mismas ingresaban importantes cantidades de dinero, perjudicando al resto de empresas que optaban a las adjudicaciones públicas. La trama llevaba años actuando por lo que los beneficios obtenidos por los corruptos son importantes, según el diario nacional.

Además, en el caso del ayuntamiento leonés, fuentes municipales y cercanas a la investigación señalan también el proyecto municipal para instalar dos foto rojos en las carreteras León-Collanzo y Santander, cuya compra ha estado prevista en los presupuestos municipales en varios ejercicios sin que haya llegado a ejecutarse y que podría tener relación con la adjudicación a Gespol SL.
De los asuntos anteriores tuvo que dar detalladas cuentas el alcalde, acompañado de la concejala de Personal, Régimen Interior, Participación Ciudadana y Recogida de Residuos Urbanos, Mónica Varón. Con ellos también estaba el técnico responsable de los equipos y programas informáticos del Ayuntamiento, que pasadas las dos y media de la tarde era conducido junto con el alcalde a dependencias policiales para continuar colaborando con la investigación. De hecho, a primera hora de la mañana los agentes ya esperaban la llegada del informático a su puesto de trabajo para introducirle en un vehículo con lunas oscuras y, según testigos policiales, evitar que tuviera contacto con el alcalde y con la concejala en los primeros compases de la investigación.

Tanto el alcalde como el informático abandonaron la comisaría horas más tarde, después de responder a las preguntas de los investigadores. A diferencia de otros municipios investigados, en Villaquilambre no se precintaron despachos y, salvo la citada sala de juntas, el resto de las dependencias estuvieron abiertas al público durante buena parte de la mañana. Los efectivos de la Udef sí recogieron varias cajas con documentación del Ayuntamiento, probablemente relativa al contrato con Gespol SL.