El canon ilegal de Serfunle ha alcanzado ya una factura de diez millones de euros

Primero fue la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, luego el Consejo Consultivo de Castilla y León y ahora ya hay una primera sentencia en los tribunales.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León ha dictado una sentencia que desestima el recurso presentado por Mémora, socio privado de la empresa mixta que presta los servicios funerarios en la capital, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, contra la decisión de la mancomunidad formada por estos tres municipios de declarar la nulidad del contrato suscrito entre ambas partes en el año 2003 después de un concurso que debería haber quedado desierto.

Y esa nulidad de pleno derecho viene dada por la aceptación de la oferta del que finalmente resultó ser único licitador del concurso. Se trataba concretamente de Service Corporation International (SCI) Spain (denominada actualmente Mémora). El juez considera que dicha oferta debió ser desestimada por contener el pago por parte de la empresa mixta Serfunle S.A. a su socio privado de un canon de gestión que no figuraba en los pliegos del concurso.

Dicho canon, propuesto por la empresa, suponía el 10% de la facturación de la empresa mixta durante los primeros cinco años de gestión y del 12% a partir del sexto. Hasta la declaración de nulidad del contrato por parte de la mancomunidad en octubre de 2016 su cuantía ascendía a 8.419.530,11 euros. Actualmente la cifra ronda los diez millones de euros.

Esta cifra, que sale de las arcas de la empresa mixta a las de su socio privado, tiene también su traslado a la factura que los vecinos de León, San Andrés y Villaquilambre pagan a la hora de llevar a cabo el entierro de un familiar.

A este respecto, el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) –publicado hace justamente un año– cifraba en 4.023 euros el coste medio de la organización de un sepelio a través de Serfunle.

Si se aplica a esta cifra el porcentaje de la facturación que se destinaba al canon de gestión, pues deducirse que cada entierro tendría un sobrecoste aproximado de 400 euros.

Cabe destacar que el precio de Serfunle se sitúa por encima de la media nacional, donde un servicio de este tipo viene a costar 3.545 euros.

La sentencia que avala ahora la nulidad del contrato centra la responsabilidad de la aceptación de la oferta ilegal en el informe que elaboraron al respecto en marzo de 2003 el entonces gerente de la mancomunidad (ya fallecido) y el asesor económico, que a su vez es el secretario del consejo de administración de la empresa mixta y jefe del servicio de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León, Carlos Hurtado. Este funcionario fue además secretario de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), que «representa y defiende los intereses comunes de las empresas» de este sector.

Además, la sentencia coincide con la mancomunidad al considerar que el informe técnico «intentó conferir apariencia de legalidad a una oferta cuya ilegalidad era grosera», ya que el concurso debería haber sido declarado desierto al no ajustarse a los pliegos.