El conflicto sobre el centro de menores 'El Alba' llega a las Cortes

La consejera de Familia insiste en que no se cierra y la socialista Nuria Rubio le pide que rectifique “la privatización encubierta” y salga a la calle a hablar con los trabajadores

Ical
22/06/2021
 Actualizado a 22/06/2021
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, acusó este martes al PSOE de un “uso torticero” con las personas más vulnerables como los menores y recalcó que el centro 'El Alba' en León no se cierra, mientras que la socialista Nuria Rubio la pidió que rectifique, salga a la calle y hable con sus trabajadores.

“¿Está pensando la Junta de Castilla y León en el bienestar de los menores en situación de desamparo cuando cierra el centro "El Alba" en León”?, preguntó Rubio en el pleno de las Cortes, que habló de una privatización encubierta y pidió a la consejera que no vaya a León para “cerrar servicios públicos”.

La socialista habló que se ha hecho a los menores hasta cocinar por la falta de plantilla y afirmó que estos niños y niñas son una gran familia y es una “crueldad” que se les separe, incluso a dos hermanos. “No hay sensibilidad”, proclamó.

Blanco argumentó que el centro tiene una gestión mixta entre la congregación de religiosas y los servicios sociales de la Junta desde hace 30 años cuando llegaron las trasferencias del Imserso a la Junta y detalló que los menores de cero a tres años no pueden estar en un orfanato, sino con familias.

Así, indicó que el complejo 'El Alba' tiene un orfanato, que no recibe menores desde hace más de un año, y una vivienda en la que van a estar los otros niños, además explicó que los seis técnicos que les atendían irán a centros educativos y el resto del personal se reubicará en otras instalaciones.

Concentración


Por su parte, un grupo de trabajadores y el comité de empresa del Centro de Menores El Alba-Santa María de León se concentraron este martes en Valladolid frente a la sede de las Cortes para exigir a la Junta que rectifique y no se cierren estas instalaciones.

La protesta reclamó al Gobierno autonómico que recapacite y no consienta el desmantelamiento del servicio social público que desarrollan, destinado a menores en situación de desamparo con capacidad para 19 niños de hasta 18 años.
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