El conflicto social de Embutidos Rodríguez topa con la legislación de rango estatal

La primera jornada del calendario de huelga convocado en solitario por Comisiones Obreras (CCOO) en Embutidos Rodríguez terminó el pasado miércoles con un duro cruce de acusaciones entre la empresa y el sindicato. Parte de los trabajadores acudieron al cuartel de la Guardia Civil a denunciar supuestos excesos del piquete informativo, denuncias que el sindicato atribuyó a la presión de la cárnica sobre los trabajadores.

Este tipo de tensiones, habituales en las huelgas, aumentan en el caso de la industrial de Soto de la Vega por la complejidad legal del problema. Las fuentes laborales consultadas apuntan que la Ley de Cooperativas es la que permite a Embutidos Rodríguez contar con los servicios de Servicarne en los términos que denuncia CCOO: sin prestaciones por desempleo, derecho a vacaciones o incapacidad temporal, entre otros. Sin embargo, los intentos por revertir estas situaciones en la Administración autonómica dentro de iniciativas como el Gobierno Abierto de la Junta han topado con la legislación estatal y, por el momento, la empresa ha defendido públicamente que la Justicia ha certificado que "todas nuestras actividades están sujetas a la ley".

Por otra parte, fuentes cercanas al conflicto apuntan que la tensión de estas primeras jornadas, con el cruce de acusaciones y denuncias, también viene propiciada por la falta de representantes legales elegidos por los trabajadores. Las mismas fuentes apuntan que en otras empresas con situaciones similares en las que finalmente se ha cambiado el modelo laboral se contaba con comités de empresa, denuncias nominales o una estrecha colaboración entre los agentes sociales, la Administración y los implicados para tratar de llegar a soluciones.

Por último, cabe señalar que la empresa niega haber incumplido los acuerdos de la Fundación Anclaje para la reconstrucción tras el incendio de 2016, puesto que ha cumplido con la comisión de seguimiento.