El Consejo de Cuentas medirá la eficacia de ayuntamientos y diputaciones contra la despoblación

El Consejo de Cuentas de Castilla y León acometerá un informe para determinar el grado de ejecución y de eficacia de las medidas puestas en marcha por los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad en su lucha contra la despoblación.

El trabajo se acometerá bajo la denominación de 'Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales' y está incluido en su Plan Anual 2019.

El Pleno de la institución aprobó hoy las directrices técnicas que guiarán la elaboración de los trabajos de un informe que tiene "carácter novedoso" en el ámbito de las materias objeto de fiscalización por los órganos de control externo autonómico.

Fuentes de esta institución propia de Castilla y León explicaron, en un comunicado recogido por Ical, que el informe responde a uno de los objetivos "prioritarios" del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, basado en "acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales mediante el impulso de auditorías operativas que permitan la evaluación de resultados de las políticas públicas, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".

La elaboración de esta fiscalización operativa corresponderá al Departamento de Entidades Locales del Consejo de Cuentas y en ella se analizarán las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados por los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada. Además, se examinarán los programas presupuestarios destinados a la lucha contra la despoblación y aquellos otros que pudieran estar relacionados con los mismos.

El estudio presenta varios objetivos específicos, entre los que se encuentra establecer las tendencias poblacionales de la comunidad en los últimos 15 años, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y de servicios.

Asimismo, se analizarán las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas para su ejecución por parte de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como la existencia de una planificación al respecto.

Otro reto pasa por verificar la aplicación por los ayuntamientos y diputaciones provinciales, especialmente durante los últimos seis años, de políticas contra la despoblación y su plasmación, en el marco de sus competencias, en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones y acuerdos. Concretamente se estudiará la ejecución de los gastos y programas relacionados con la despoblación.

Cabe recordar que ya en la sexta legislatura del Parlamento autonómico se constituyó la 'Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León'. Esta Comisión tuvo como fruto un acuerdo del Pleno de las Cortes en 2005 donde se contenían toda una batería de medidas, que habían sido consensuadas en base a las aportaciones de expertos que participaron en ella, informa Ical.

Como consecuencia de esas conclusiones se desarrollaron acciones por parte de diferentes administraciones públicas. En este caso, el informe que plantea el Consejo de Cuentas busca analizar qué actuaciones han sido promovidas por las diferentes administraciones públicas, cuáles han tomado las entidades locales de Castilla y León para fijar población, y hasta qué punto se encuentran alineadas con las que las Cortes recogieron.

La auditoría estudiará asimismo la evolución de la población de Castilla y León en relación con el total nacional, tanto desde un punto de vista meramente cuantitativo, como teniendo en cuenta determinadas variables como estructura territorial, tramos de edad, migraciones, empleabilidad de licenciados universitarios, pensionistas, etc, que permitan un análisis cualitativo.

De igual manera, se observará la evolución de los principales servicios prestados en los municipios de Castilla y León como centros educativos, sanitarios, farmacias, residencias de ancianos, guarderías, tienda de alimentos, banco o cajero automático, transportes, telefonía, o internet, entre otros.

Asimismo, el informe reflejará la evolución de los principales indicadores y magnitudes de actividad económica en los municipios de Castilla y León como la evolución de la participación del PIB regional en relación con la población, el mercado de trabajo, el número de empresas instaladas/autónomos o el suelo industrial.