El Consejo de Cuentas sigue sin registrar datos de cien pedanías

El Consejo de Cuentas de Castilla y León, el órgano fiscalizador de las finanzas de las entidades locales menores, aún no recoge la contabilidad de cien pedanías de la provincia, que podrían desaparecer legalmente si no cumplen con la publicación antes del uno de enero. En la web del Consejo se podía comprobar en la tarde de este lunes que el porcentaje de entidades locales menores de León que habían cumplido con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -o ‘Ley Montoro’- es del 91,9%, es decir, aún faltan por publicar los balances de 100 de las 1.231 pedanías con las que cuenta la provincia leonesa.

Los datos del órgano director de la rendición de cuentas contrastan con los de la Diputación de León. Según las cuentas de la institución provincial, la última vez que se refirieron al asunto desde el Palacio de los Guzmanes, aún restaban 61 pedanías por presentar las cuentas. Si bien de esa lista, 22 juntas vecinales han cumplido con el trámite en los últimos días y se pueden comprobar en la web.

Las pedanías que no cumplan desaparecerán y  pasarán a ser gestionadas por los ayuntamientos a los que pertenecen. El problema en el cruce de datos reside en el Servicio de Asesoramiento a los Municipios (SAM) de la Diputación, que auxilia a estas entidades en los trámites administrativos. Según ha explicado el presidente, Emilio Orejas, una vez que las cuentas llegan al SAM ya se considera cumplido el trámite, independientemente de la fecha de publicación en la web del Consejo de Cuentas.

No obstante, según la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores hasta que la documentación no llega al Consejo de Cuentas no se considera cumplido el trámite.

Mientras tanto, la cuenta atrás siguecorriendo y ya sólo quedan dos días para la fecha límite. Cuenta atrás que no será prorrogada después de que el Gobierno anunciara en una respuesta parlamentaria al PSOE que no ampliaría el plazo para favorecer a la más rezagadas. La negativa cayó como un jarro de agua fría en la Diputación, que días antes del anuncio había aprobado por unanimidad en el Pleno una moción para solicitar una prórroga de dos años. La moción ya obraba en manos de los funcionarios ministeriales incluso antes de ser aprobada en una maniobra a la desesperada por salvar las casi cien pedanías que restan por publicar sus cuentas.

Además, el incumplimiento con la Ley podría conllevar responsabilidades para los responsables políticos de las entidades incumplidoras, en concepto de prevaricación por omisión, al desatender los bienes y la hacienda de todos los vecinos.

No obstante, por el momento no se conocen los detalles de la nueva situación legal de las entidades que desaparezcan, pero, en principio, pasarán a depender de los Ayuntamientos a los que pertenezcan.