El Consistorio de Ponferrada reclamará la devolución de medio millón en sueldos del bipartito

La polémica y las dudas continúan sobre el sentido de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el Pleno de Sábado Santo en el que se aprobaron, entre otros puntos, las retribuciones de los concejales del anterior equipo de gobierno, liderado por Samuel Folgueral. Mientras la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, reiteraba este martes el inicio del expediente para la ejecución de la sentencia e indicaba, ya claramente, que el Consistorio considera que los miembros del anterior equipo deben devolver medio millón en sueldos, los actuales ediles del grupo de USE Bierzo reclaman conocer el expediente jurídico que indique esa obligación y afirman que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto.

Merayo consideraba que la sentencia, que anula ese Pleno y los acuerdos tomados en él, incluye la devolución de estas percepciones «por cobro indebido», y subraya que los anteriores concejales populares, que interpusieron la denuncia, advirtieron ya al anterior equipo de gobierno «de la ilegalidad de fijar esas retribuciones».

«No queremos causar problemas a nadie, pero si yo hubiera estado en el anterior equipo de gobierno, habría ordenado estas comunicacionesa los interesados particularmente, porque una cosa es el grupo político al que pertenezca y otra la persona individual, pero desde luego no nos ha quedado más remedio», aseguraba Merayo, en unas declaraciones realizadas durante la visita a un centro escolar.

Los ahora integrantes de USE Bierzo, a la espera de ofrecer este miércoles una respuesta más pormenorizada, únicamente apuntaban a la falta de un informe jurídico que respalde que esa devolución deba hacerse para cumplir la sentencia, además de denunciar que «no se ha notificado nada».

«En la sentencia no aparece nadie con nombre y apellidos, y nadie está personado en este asunto, porque esa demanda y esa sentencia son contra el Ayuntamiento», subrayaban fuentes de este grupo municipal.

El inicio del expediente municipal sirve para evitar que el Consistorio ponferradino incumpla la obligación de ejecución de la sentencia en el plazo de 20 días dado por el juez, después de que los demandantes del anterior grupo popular instaran la ejecución ante la falta de respuesta del Ayuntamiento.

Sin embargo, cuando comience el trámite del expediente se tendrá que notificar personalmente esta solicitud de devolución a los anteriores ediles no adscritos y de la extinta IAP, lo que podría tener consecuencias imprevistaspara el Consistorio. Por el contrario, Merayo consideraba que ahora son los afectados los que deben alegar contra esta devolución y aseguraba que «ellos se tienen que arreglar con el juez, que es el que tiene que decidir cómo debe ejecutarse».

«Si se veía que los acuerdos del Pleno podían ser nulos por el tema de la urgencia, hubiera sido muy sencillo convocar otro pleno ratificándolos y así se hizo con las comisiones, la composicion del Imfe y el cobro por asistencia a comisión», reprochó.