El director de HVL dice que “de ninguna manera” se habría evitado un accidente

«La única forma de haber evitado el accidente sería haber cerrado la mina. No había otra». Así lo indicó este miércoles Mario Calvo Herce, el director general de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) en el momento en el que se produjo el siniestro que causó la muerte de seis mineros el 28 de octubre de 2013. En su declaración en la tercera jornada del juicio el fiscal le preguntó directamente si se pudo hacer algo que alterara el resultado, que evitara los fallecimientos de los trabajadores, a lo que contestó que «de ninguna manera», y se remitió a la «multitud de informes» elaborados para asegurar que lo ocurrido fue «inevitable e imprevisible». Defendió también que «se cumplía la normativa» y recordó que el hecho de que se alcanzaran valores altos de metano muchos días era algo «normal», una «situación contemplada» en una mina altamente grisuosa, como era en la que se estaba trabajando, y que precisamente por este motivo existían unas medidas de seguridad muy concretas que se seguían «a pies juntillas» y que además se comprobaban.

De estas medidas de seguridad específicas dio cuenta el segundo de los acusados que declaró en la jornada de este miércoles, el director facultativo del grupo Tabliza, jefe de sección interior del grupo Pozo Emilio, José Eliseo Solís Álvarez, que remarcó que «los planes de seguridad contemplaban una invasión de metano con tres hitos: al 1,5 por ciento se paraban las labores y se observaba la tendencia de acumulación, al 2,5 se abandonaban las labores y existía un tercero, al 5%, y ese límite forzosamente tenía que ser súbito porque al 2,5 no tendría que haber nadie dentro. Si la subida fuera gradual al 2,5 nadie estaría allí y los autorescatadores se tenían como medida de seguridad para una subida súbita. Había que salir, era una norma básica», insistió. Y de estos autorescatadores habló también Calvo, que afirmó que eran un elemento del que disponía cada trabajador porque es el que «te permite respirar en una atmósfera en la que no hay oxígeno 30 minutos en actividad o cien en reposo. Todos los trabajadores que estaban en el taller tenían su autorescatador y el vigilante el metanómetro», añadió.

También Solís advirtió –ya al final del interrogatorio y en este caso a preguntas de la juez– que aunque pueda parecer una «excusa barata, no existe la posibilidad de predecir ni evitar» un fenómeno gasodinámico como el que se produjo el día del accidente y que incluso a día de hoy siguen sin saber el punto en el que se desencadenó la salida de gas ni la causa. La definición, dijo, es de una situación «catastrófica» de la que no existen registros similares no solo en la Hullera Vasco Leonesa, sino en otras explotaciones. Por eso, tras el accidente se hizo una auditoría porque «si algo se estaba haciendo mal era importante saberlo», apuntó Solís, y tras su resultado, tras llegar a la conclusión de lo «imprevisible» de la situación, «no se modificó nada» en la forma de trabajar en el resto de los pozos, en los que la actividad continuó durante años, mientras que en el taller en el que se produjeron los hechos lo que se hizo fue congelarlo con nitrógeno para que se mantuviera «como el primer día» de cara a hacer las comprobaciones que se consideraran oportunas y «hasta que desapareció la mina así estuvo», destacó.

Tanto Calvo como Solís contestaron qué estaban haciendo en el momento en el que se produjo el accidente. El primero declaró que se encontraba en su despacho en las oficinas centrales de Santa Lucía, y se enteró porque el director de planificación y proyectos le dijo que «algo grave estaba pasando porque estaba viendo que los metanómetros se estaban saturando». Llamó a las oficinas, no le contestaron y se «alarmó». Fue entonces cuando subió a las instalaciones del grupo, a unos 6 o 7 kilómetros de distancia. Cuando llegó allí afirmó que «había un revuelo tremendo», había habido una salida importante de metano y estaban evacuando. Ya habían avisado a la brigada de salvamento, al médico y al 112 y él llegó «a la par que la brigada». Su labor no fue rescatar, sino «recibir» a la gente y, tras el accidente, apuntó que sabe que se encargaron varios informes porque «el mayor interesado en saber lo que había pasado era la empresa». «Fue algo imprevisible», volvió a insistir haciendo referencia a los resultados de estos informes y recordó que desde el año 2008, en el que entró en la empresa, y hasta 2015 «nunca hubo ningún expediente sancionador para la compañía y tanto la Junta como Minas sabían que en la HVL cualquier pequeño incidente se comunicaba de forma inmediata y que nuestra prioridad era velar por la seguridad de los compañeros», destacó. Lo que sí que hubo, reconoció, fueron prescripciones.

Rechazó también que no existiera un plan de labores aprobado específicamente para trabajar en la zona donde se produjo el accidente, como así consideró en sus preguntas el fiscal. Una cuestión a la que también respondió Solís, que fue incluso más tajante: «plantear que no existía un proyecto de explotación aprobado... No quiero ser irrespetuoso, pero es absurdo». Subrayó así que «las labores en el Pozo Emilio se ajustaban al plan» y así figura «expresamente» en la documentación aportada.

Otros de los temas que suscitaron mayor debate en esta tercera jornada del juicio fueron si los sistemas de ventilación estaban o no bien ubicados y si su funcionamiento era el correcto; el despido en el mes de abril del año del accidente de dos personas responsables de seguridad en otra mina distinta a la del siniestro; la valoración de dos incidentes concretos en los años 2009 y 2010 en el pozo (uno por un fenómeno gasodinámico y otro por un derrabe, un hundimiento de carbón) y la existencia de un error topográfico en un plano de la galería del siniestro que los acusados reconocieron como cierto, pero argumentaron que el fallo estaba en el plano, no en la galería y que se corrigió. Sobre la ventilación, que ambos defendieron, Solís insistió en que no es un tema que admita opinión porque está regulado por «una normativa minera» que dice –añadió– que era correcto. Únicamente reconoció que la autoridad minera propuso que se hiciera un estudio «conducente a ver si se puede poner en otra parte» y expuso que desde hacía años y también con posterioridad al accidente el sistema de ventilación se mantuvo «en el mismo sitio». En cuanto al despido de dos trabajadores meses antes recordaron que trabajaban en una mina «absolutamente distinta» a la que ocupa el juicio y Solís quiso remarcar que «nunca en los 20 años que yo estuve en el Pozo Emilio se despidió a nadie por seguridad», negando de esta manera que los trabajadores tuvieran miedo a comunicar una inquietud respecto a la falta de medidas. «Había fórmulas de denuncia anónimas», propuso como alternativa, y apuntó que si los trabajadores hubieran percibido una «situación de inseguridad» de alguna manera les habría llegado. Lo que ocurrió algo «imprevisible», remarcaron de nuevo.