Carriedo explicó que llevan trabajando en este programa desde junio de 2021, y fue aprobado por la Comisión Europea el 12 de diciembre, lo que situó a la Comunidad, en el lote de las primeras autonomías a las que se dio luz verde. “Comenzamos ya la gestión del mismo, con su presentación pública”, dijo, para defender que “s bueno que el conjunto de la sociedad conozca lo que hace la UE por nosotros, y lo que representa este Feder en términos de crecimiento económico para Castilla y León”.
Carlos Fernández Carriedo se felicitó porque si se suman las partidas de este programa con las del Fondo Social Europeo Plus, “hablaríamos de 875 millones de euros en global”, junto a otras cantidades que llegarán desde la UE, ligadas a los Next Generation, el Mecanismos de Recuperación y Resiliencia y el REACT TU.
El consejero portavoz explicó que los objetivos básicos del programa son la digitalización, con 262 millones de euros, el avance hacia una economía verde, con 242 millones; y alcanzar una autonomía más social e integradora, con 88 millones de euros. En cuanto a los retos, enumeró cinco, competitividad, digitalización, economía circular, igualdad y sostenibilidad y cambio energético.
El consejero precisó que la UE establece una financiación del 60 por ciento al estar Castilla y León en el grupo de ‘regiones en Transición’ junto con Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, con un PIB per cápita entre el 75 y el 100 por ciento de la media de la UE. Recordó al respecto, que las regiones menos desarrolladas (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), por debajo del 75 por ciento del PIB per cápita, y las ultraperiféricas cuentan con una financiación del 85 por ciento; y la financiación es del 40 por ciento para las regiones más desarrolladas (Madrid, País Vasco y Cataluña, entre otras).
Esfuerzo de coordinación
Por su parte, el responsable del programa Feder de la Dirección General de Política Regional en el ámbito de la Comisión Europea, Vicente Rodríguez, defendió el “esfuerzo” que supone la definición de las prioridades y la coordinación entre la UE y los territorios en este programa.
Una inversión a largo plazo en los ámbitos de la digitalización y la economía verde, básicamente, pero también en economía social, hospitales e infraestructuras educativas, “buscando el desarrollo del territorio” y el “bienestar del ciudadano”. “Queremos una Castilla y León cada vez más inteligente, más verde, más social y más conectada y al servicio ciudadano”.
Rodríguez aclaro que el compromiso presupuestario abarca hasta 2027, pero los beneficiarios cuantas con tres años más para poder gastarlo e implementarlo de forma correcta. Aseveró que con estas partidas están ayudando a la recuperación y razonó que la política de cohesión es “a largo plazo” y se va adaptando a las diferentes crisis, como la COVID o la energética actual por la guerra de Ucrania. “En este periodo nos adaptaremos a las necesidades que vayan surgiendo”, garantizó.
Por último, constató que la razón de la política de cohesión es la convergencia y aunque Castilla y León diverge en los últimos años en renta per cápita (está en un 80 por ciento de la media de la UE), aseguró “sin esos fondos la divergencia sería mucho mayor”. “El resultado muestra que hay mucho camino que recorrer, peor sin estos fondos la divergencias seria aún más grande”, resumió.