El fiscal pide 9 años de inhabilitación para el exalcalde de Priaranza por prevaricación

Nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público es la pena que el fiscal considera que se debe imponer al exalcalde de Priaranza José Manuel Blanco, que este miércoles, 16 de noviembre, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de León (a partir de las 10:00 horas) por un delito de prevaricación administrativa.

En su escrito de acusación el fiscal explica que Blanco, que estuvo en la Alcaldía del municipio entre 2003 y 2019, aprobó durante su última legislatura (2015-2019) un reglamento para la concesión de ayudas a nuevos emprendedores y pymes radicadas en Priaranza. Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 22 de diciembre de 2016 y en él se establecía, en sus dos primeros artículos, la concesión de una subvención de 500 euros –dice el fiscal– a aquellas personas que iniciaran un proyecto empresarial y presentaran los documentos para poder optar a esta ayuda. Entre ellos figuraba la fotocopia del DNI, una memoria explicativa de la actividad a desarrollar, la copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del alta de autónomos, de la resolución sobre el reconocimiento del alta expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y demás documentación que, en este caso, los solicitantes consideraran pertinente «orientada a su mejor valoración».

Los días 20, 11 y 23 de mayo de 2019, previos a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, se registraron tres solicitudes de subvención, explica la Fiscalía. Una de ellas perteneciente a una persona que nunca había estado empadronada en el municipio. Blanco, «valiéndose» de su cargo, según se recoge en el escrito de acusación, autorizó su aprobación «a sabiendas de su injusticia», ya que conocía que «no cumplían totalmente con los requisitos legalmente previstos» para ello y que «vulneraban», por lo tanto, los principios básicos que rigen el procedimiento administrativo de conformidad con el Reglamento. Los solicitantes, añade, «no presentaron toda la documentación preceptiva» y tampoco se les requirió, mientras que «las subvenciones fueron abonadas de forma inmediata a los interesados». Por todo ello, el fiscal considera que se cometió un delito de prevaricación administrativa por el que reclama una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de nueve años más las costas derivadas del procedimiento.