El fiscal retira la acusación contra los cinco vigilantes de La Vasco

El accidente que el 28 de octubre de 2013 causó la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) y lesiones a otros nueve trabajadores «no fue fruto de un hecho fortuito o impensable». «La obligación de la empresa era garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores» y erró en esa misión. Los mineros que «cayeron desvanecidos» antes de llegar a la zona de la cabeza del cuarto panzer de la planta 7 del macizo 7 del pozo Emilio del Valle murieron «por causa del metano, porque les faltó el oxígeno», y este gas es «un riesgo perfectamente conocido en la minería y hay unas normas y medidas para evitar sus consecuencias». Medidas que para la Fiscalía ha quedado acreditado durante la celebración del juicio que arrancó en el juzgado de León el pasado 6 de febrero que «no se adoptaron por parte de la empresa, de los altos cargos de la sociedad, ni por parte de los técnicos», de modo que no se hizo todo lo posible para evitar el fatal resultado. Así lo indicó el fiscal este martes durante la exposición de sus conclusiones, en las que retiró la acusación contra los cinco vigilantes que integraban el grupo de 16 imputados que se sentaron en el banquillo. Reclamó ahora su libre absolución por considerar que «no se acreditan unos incumplimientos suficientes» por su parte que permitan imputarles los delitos contra la seguridad de los trabajadores, de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia que les reclamaba inicialmente y por los que les pedía, como al resto de acusados, las penas de tres años y medio de prisión. «Son otras personas por encima de ellos» quienes, en opinión del fiscal, tienen que tomar esas decisiones encaminadas a proteger la seguridad de los trabajadores, insistió justificando su cambio de idea tras lo escuchado en el juicio.

Respecto a las indemnizaciones, el fiscal renunció a las planteadas originariamente, ya que recordó que se han abonado a los afectados cantidades superiores a las que solicitaba inicialmente, por lo que su petición «carece de sentido», y rechazó también las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño. La primera, remarcó, no sería aplicable porque existe una complejidad «clara» del asunto, en el que «ha habido muchos investigados, perjudicados y documental». Una complejidad que tampoco «ha sido ajena a la actuación de los acusados, a los que se les había requerido que manifestaran si estaban cubiertos por pólizas de seguro, no lo hicieron y esto obligó a que una vez arrancado el juicio en 2021 –cuando había sido inicialmente señalado– tuviera que ser aplazado y devuelto a la fase de instrucción. A esto añadió las fases de recursos, que reconoció que deben «ejercitar» por estar en su derecho a hacerlo, pero que también han retrasado el inicio del procedimiento. Por su parte, la reparación del daño afirmó que «se ha producido por la compañía de seguros, no por parte de los acusados».

Llegado a este punto, el fiscal trasladó a la magistrada «que dicte sentencia en los términos de condena» para aquellas personas contra las que mantiene la acusación y de absolución para las restantes. Contra las que mantiene la acusación recordó que la cúpula de la empresa, los consejeros, tienen «plenos poderes para la dirección de la empresa», por lo que tienen también «responsabilidad» en el resultado de las decisiones que se tomen y «deberían haber promovido» que las medidas de seguridad fueran las necesarias «y no lo hicieron». «Son los máximos responsables porque son los que dirigen la sociedad», aclaró, como también lo es su director general, cuyas actuaciones dijo que «no fueron las correctas», los ingenieros o el director facultativo. «Tuvieron conocimiento de la evolución de ese taller y no impidieron que se llegara a producir ese resultado», advirtió, asegurando que lo «correcto» habría sido «parar la explotación, no continuar con ella, y haber analizado qué pasaba».

«No era inevitable»

El fiscal recordó también que «en toda la documentación que consta en el procedimiento se observa que en la dirección hay un acento claro hacia la producción, hacia el hecho de explotar más que hacia la seguridad», aunque esta «no debería estar supeditada» a los números, a la producción, aunque «se avanzaba y se sacaba carbón como si no pasara nada cuando estaban en una zona peligrosa», remarcó. Del conjunto de las pruebas añadió que resulta que «el hecho no era inevitable, que la actuación de la empresa debería haberlo evitado con medidas de seguridad. Habría que ver si existe seguridad para estar ahí, si se debía continuar con ese trabajo, y de eso es responsable la empresa, los acusados contra los que hemos mantenido la acusación», advirtió, porque no se puede olvidar que ahí murieron seis personas, seis mineros, y otros nueve sufrieron lesiones físicas y psíquicas por haber tratado de ayudar, por tener una «conducta de solidaridad, humanitaria» sin «medios reales y efectivos» que consideró que tendría que haberles facilitado la empresa. Aún así, apuntó que su actuación ayudó a que algunos pudieran «salir adelante, salir con vida», aunque no se pudiera evitar el dramático resultado.