El Gobierno decidirá si repercute a los usuarios las tasas eléctricas

"El Gobierno tiene en su mano tanto promover el cambio de la Ley para rebajar la tasa, como decidir si la tasa se repercute o no a los consumidores". Así interpretan los servicios jurídicos de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores los artículos 16 y 17 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que contienen una norma que habilita al Gobierno a repercutir a los consumidores de los territorios que impongan tributos sobre el transporte y distribución de electricidad. Se refiere a la posibilidad de que las juntas vecinales graven el uso del domino público a de las eléctricas y gasistas que se ha abierto tras unas serie de sentencias del Tribunal Supremo.

En esta situación, y en alusión a la normativa que integrantes del sector eléctrico y gasista "quieren rescatar", la federación argumenta que "las eléctricas, que históricamente han controlado la normativa del sector, siempre dejan en la letra pequeña de las leyes cláusulas para la protección de sus intereses y actualmente la Ministra de Presidencia tiene la competencia para decidir, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Energía, si los tributos que impongan las comunidades autónomas, los municipios o las entidades locales menores, se repercutan a los consumidores de electricidad de esos territorios".

No obstante, la federación recuerda que hasta el momento ni se ha repercutido a los consumidores de Castilla y León el impuesto autonómico aprobado en 2012 de afección medioambiental que graba con 700 euros por kilómetro las líneas de alta tensión de más de 220 kilovoltio, ni sufragan los vecinos de los distintos municipios la tasa especial de 1,5% –conocida como ‘tasa palomillas’– sobre la facturación bruta de las compañías de distribución en cada municipio, que tributan por la ocupación de las vías públicas.

Sin embargo, a pesar de los dos ejemplos anteriores, la federación denuncia que "cuando son las Administraciones más débiles las que quieren aplicar una tasa que prevé la ley y en unos términos que son de un impacto reducidísimo para el sistema eléctrico nacional, las eléctricas quieren eliminar la tasa, o reducirla o repercutirla a los consumidores". Un impacto que, según afirma la federación, sería mínimo, puesto que «las empresas de transporte y distribución por parte por sus servicios supera los 6.700 millones de euros anualmente y si los costes de la actividad de transporte y distribución suponen aproximadamente un 30% del total del coste del sistema eléctrico nacional, la repercusión de la tasa sobre todo el sistema eléctrico si se implantara en todo el territorio nacional, no llegaría al 0,45% del total del coste».

Por último, la federación también expone que Red Eléctrica Española (REE) tuvo 606 millones de euros de beneficios en 2015; Iberdrola ganó 2.422 millones; Gas Natural Fenosa registró un beneficio neto de 1.502 millones de euros; Endesa tuvo beneficios de 1086 millones de euros. Sin embargo, "ninguna de estas empresas ha pagado por el aprovechamiento privativo que tienen de los montes públicos".