El imputado Ulibarri sigue haciendo negocios con el PP manchego

Desde hace unas semanas se le ve poco por actos públicos, en época preelectoral los políticos se cuidan de no aparecer en las fotografías a su lado, pero el empresario José Luis Ulibarri, imputado por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama Gürtel, «sigue siendo para María Dolores de Cospedal un emprendedor de referencia», afirma elplural.com.

Nacido en Burgos, enriquecido en el Bierzo y con su grupo empresarial asentado hoy en Valladolid, Ulibarri concentra su actividad económica en la comunidad de Castilla yLeón, y más especialmente en la provincia leonesa, donde es habitual verle en actos públicos junto a diferentes cargos políticos. Sin embargo, su desembarco en Castilla-La Mancha, gracias a que el gobierno de María Dolores de Cospedal acaba de adjudicar a una de las empresas de su grupo un contrato de 34 millones de euros, ha levantado mucha polémica en medios de comunicación nacionales y regionales y en los círculos políticos de la comunidad manchega. Aralia, de la que Ulibarri dejó de ser presidente tras su imputación en la mayor trama de corrupción de la historia española pero en la que figuran como administradores su mujer, Milagros Fernández Alonso, y su hijo Enrique Ulibarri, gestionará durante los próximos 12 años una gran residencia de mayores, situada en localidad toledana de Mora, un caso similar al de la Ciudad del Mayor leonesa, pues llevaba años construida sin que se hubiera comenzado a utilizar.

María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, inauguró la semana pasada la mencionada residencia, con la previsible pero notable ausencia del empresaio en el solemne acto en el que la también secretaria general del PP fue saludando a los usuarios. Desde entonces, tanto la oposición como diferentes medios de comunicación le han recordado en varias ocasiones que las graves imputaciones de Ulibarri le inhabilitarían para participar en concursos públicos en otras comunidades autónomas. Desde luego, no es el caso de Castilla y León, donde se concentra la principal actividad del Grupo Begar, casi siempre vinculada a contratos públicos y donde el imputado se fotografía a menudo con los principales cargos públicos en actos organizados por sus numerosos medios de comunicación, entre ellos Diario de León.

Elplural.com llegaba a afirmar en su edición de ayer que Ulibarri «puede presumir de ‘haber’ inhabilitado al juez Garzón, era conocido en todas las ‘comunidades Gürtel’ por ser concesionario de importantes negocios, por ejemplo llegó a ser receptor de hasta ocho contratos de obras en la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos. Sin embargo, uno de los grandes negocios del ‘Ciudadano Kane’ leonés son los centros geriátricos, que explota bajo la marca Aralia, casi siempre a través de concesiones administrativas dirigidas por el PP, en distintas comunidades como Madrid (4), Castilla y León (11), Murcia, Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha». Para eldiario.es, «un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) situaba a Ulibarri como uno de los íntimos amigos de Francisco Correa. Con él, según dice la propia unidad, hizo negocios en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Solo en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte (Madrid) la Udef cree que Ulibarri pagó cerca de un millón de euros en sobornos a políticos y altos cargos del PP».