El jefe de seguridad minera dice que “un aporte así de gas no hay ventilación que lo limpie”

La quinta y última jornada de declaraciones de los 16 acusados en el juicio por el accidente que el 28 de octubre de 2013 costó la vida a seis trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) arrancó este miércoles con el interrogatorio del jefe de seguridad minera, José Carlos García Jarrín, quien en el momento de los hechos dirigía también «directamente» la brigada de salvamento. García Jarrín –que defendió las medidas de seguridad con las que se trabajaba, negó haber visto o conocido «anomalías dignas de destacar» y subrayó incluso que la explotación en la que se produjo el siniestro «era bastante menos problemática que todas las superiores» en las que se actuó en esa zona– incidió en respuesta a los abogados en que la ventilación era suficiente y estaba colocada donde tenía que estar. En todo caso, advirtió que «un aporte así de gas (como el que se produjo en esa jornada) no hay ventilación que lo limpie».

Tras su testimonio se escucharon otros tres, el de los vigilantes de seguridad Andrés Rodríguez Cuesta y Alberto Rivero Fernández y el del delegado minero Alberto Fernández Díez. Estos últimos, a diferencia del primero, contestaron únicamente a las preguntas del ministerio fiscal, de sus letrados y de la juez, lo que permitió agilizar la sesión y cumplir con el calendario previsto, de forma que la siguiente jornada del juicio, la del próximo lunes día 20, podrá arrancar ya con la práctica de las testificales. Los testigos de las acusaciones que está previsto oír en ese día son cinco de los mineros que resultaron heridos a consecuencia del accidente: Javier Cabello Carrera, Amancio Viñayo Álvarez, Roberto Julián Crespo González, Juan Manuel Menéndez Montero y Arpac Acs Harmath.

En su declaración García Jarrín argumentó que la empresa no puede poner los electroventiladores «donde le dé la gana», sino que eso «va por ley» y añadió que dado el alto aporte de gas, que saturó los metanómetros al pasar del cinco por ciento, «si cuando yo llego allí los ventiladores no hubieran parado (lo hacen de forma automática) el primero que los habría parado sería yo, porque estaríamos poniendo en riesgo toda la mina», generando un ambiente explosivo que podría hacer saltar todo por los aires. El acusado, al que en un momento de su declaración se le saltaron las lágrimas, habló también de cuál considera él que fue la causa del accidente: «un fenómeno gasodinámico», dijo, que entró por el postaller e invadió la zona de trabajo. «En su día dije que el gas venía de atrás, con presión y que no sabemos exactamente de dónde. Y me reafirmo», insistió. Descartó también que tuviera algo que ver con la caída de la bóveda. «Es imposible», remarcó, asegurando que tras el accidente volvió a entrar al taller y «estaba perfecto, aquello parecía increíble». Recordó también que cuando en el año 2009 se produjo un fenómeno gasodinámico en la misma zona él estaba «bien cerca» y escuchó «el traqueteo» y el posterior «estruendo impresionante» que el acusado Carlos Conejo Lombas dijo haber oído el día de este último accidente. «Los que lo hemos vivido en otras ocasiones lo sabemos», afirmó, añadiendo que cuando algo así pasa resulta totalmente «imprevisible».

Como la persona que dirigía directamente la brigada de salvamento, García Jarrín respaldó la actuación de este equipo en la jornada del accidente y recordó que el grupo trabajaba «para toda La Vasco», no para un pozo en concreto y que sus miembros no tenían «dedicación exclusiva», sino que estaban asignados a un grupo minero y realizaban otras labores en la mina. Tenían que estar «localizables, no presentes», señaló. Tal y como indicó, la brigada estaba compuesta por 14 miembros, siete en un equipo y otros siete en otro y a cargo de cada equipo había un jefe. Dos veces al mes se hacía una práctica, en este caso los miércoles. En el momento del accidente la brigada de salvamento entró poco antes de las dos de la tarde, pero negó que hubiera una falta de coordinación o de previsión que les impidiera haber actuado más rápido. Respecto al hecho de que los equipos de respiración autónoma estuvieran en Santa Lucía, no en cada pozo, señaló que «son personales e intransferibles y no pueden estar colocados en cualquier sitio». Añadió también que debían «estar en un ambiente seco, en un ambiente limpio y en la mina no se da ese ambiente» y consideró que tenerlos más a mano no habría evitado el accidente porque «no son fáciles de manejar y necesitan un mantenimiento muy grande porque si no se pueden convertir en una doble trampa porque puedes pensar que tienes algo y estás preparado y no lo estás». También rechazó que fuera necesario que la empresa contara con un mayor número de vigilantes de seguridad porque, en su opinión, «estaba dimensionada correctamente» para su tamaño y las funciones de «velar por la seguridad de los trabajadores en este caso se cumplieron en extremo».

A esto añadió que en la mina hay autorescatadores «suficientes», los hubo para este hecho, en el que se usaron «más de 60» y todos ellos «funcionaron perfectamente». Insistió, no obstante que no son elementos para rescatar a otro, sino a uno mismo, y que lo que ocurrió ese día, en el que sí se usaron para esto fue en «solidaridad con los compañeros». «Si yo hubiera estado allí y los hubiera echado hasta que viniera la brigada de salvamento se me habría tachado de todo», consideró, reconociendo que él también habría intentado ayudar como fuera posible porque «no» conoce una brigada de salvamento que pueda llegar en cinco minutos. Indicó también que es probable que de haber utilizado los autorescatadores (ninguno de los fallecidos lo hizo) el resultado fuera diferente, aunque dijo no saber si fue porque no les dio tiempo a activarlo porque «eso únicamente se habría sabido i estás allí y puedes salir».

De los vigilantes de seguridad, Andrés Rodríguez Cuesta declaró que estaba de vacaciones el día del accidente y que en el taller había estado solo en dos ocasiones, al ser una explotación reciente, pero consideró que su funcionamiento hasta donde a él le consta era el «normal». Por su parte, Alberto Rivero Fernández también advirtió que en el taller todo funcionaba de forma correcta. «No había nada allí que indicara que hubiera circunstancias excepcionales», valoró, y si lo hubiera habido aseguró que habría actuado «de inmediato». Por último Alberto Fernández Díez, contra el que el fiscal no dirige acusación, también dijo no haber advertido señales de alerta a través de ningún tipo de queja y recordó que tras el siniestro volvió a ser elegido por los compañeros para el cargo. «Nadie me recriminó nada» y ese sector, esos trabajadores, dijo, «era suficientemente reivindicativo. Nadie se callaba y se hicieron suficientes huelgas para reivindicar nuestros derechos en todos los ámbitos y más en la seguridad».