El juez entiende que "hay indicios", pero no una "prueba directa" para que Gago siga en prisión

La Audiencia Provincial de León concedió este jueves la libertad bajo fianza de 10.000 euros a la agente de la Policía Local Raquel Gago acusada de la muerte violenta de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, el pasado mes de mayo. Con esta decisión, el juez acepta los argumentos ofrecidos por el abogado de la acusada, Fermín Guerrero, en la vista oral que tuvo ayer en la Audiencia Provincial después de que la petición de libertad fuera desestimada hasta en tres ocasiones por la jueza que instruye el caso.

El auto acuerda la “libertad provisional de la imputada, siempre y cuando se preste fianza, en cualquiera de las formas previstas en la Ley, y por cuantía de 10.000 euros”. Igualmente, se obliga a Raquel Gago a comparecer ante el juzgado o tribunal “los lunes de cada semana” y se le prohíbe salir del territorio nacional “para lo cual deberá entregar su pasaporte”.

Una vez que se ha tenido conocimiento de esta resolución, está previsto que la fianza pueda hacerse efectiva hoy mismo, con lo que no se descarta que la salida de Raquel Gago de la prisión de Villahierro, donde permanece interna desde su detención el pasado mes de mayo, pueda producirse este mismo jueves o como muy tarde en el día de mañana.

Según recoge el auto, el juez no duda de la existencia de indicios contra la imputada, pero asegura que no hay una “prueba directa” de su implicación en el homicidio aunque sí se produjo un “sospechoso conjunto indiciario” en relación a los hechos ocurridos inmediatamente antes y después de la muerte de Isabel Carrasco. Sin embargo, la Audiencia no apreció “la solidez indiscutible de tales indicios” que afirman las acusaciones y no descarta que esos hechos “tengan otras explicaciones alternativas distintas de las de entender que existió indudablemente una confabulación previa entre las imputadas”.

Posteriormente, el juez entiende que no se han producido “relevantes investigaciones” que confirmen o agraven los indicios presentados puesto que el resultado de las que se han practicado con posterioridad “han decepcionado las expectativas” y no es previsible que la situación pueda cambiar cuando está a punto de finalizar la instrucción de este caso.

Sobre el riesgo de fuga, el juez entendió que no está “totalmente desaparecido” aunque sí “muy matizado o disminuido” y defiende un “indiscutible” arraigo “personal, familiar, social y laboral” de Raquel Gago en la ciudad de León y que es “más que suficiente”, además de que también tiene en cuenta el hecho de que carece de antecedentes penales.

También, ha tenido en cuenta el hecho de que la imputada colaboró con la Policía al entregar el arma en un momento en el que “ni el procedimiento judicial, ni la investigación se dirigían contra ella”, además de que, de haber conocido la existencia del arma en su vehículo desde instantes después de cometerse el crimen “pudo haberse desecho de la misma, con lo que hubiera podido entorpecer el esclarecimiento de los hechos”, como defendió ayer la propia imputada. El juez entendió que Raquel Gago dispuso de la oportunidad para fugarse “en el plazo comprendido entre la entrega del arma y la decisión judicial posterior de acordar su prisión”, algo que no hizo.

Raquel Gago compareció ayer en la vista oral celebrada ante la Audiencia Provincial de León en la que su abogado reiteró la petición de libertad que se le había negado en este momento hasta en tres ocasiones, en un acto en el que la propia acusada defendió su inocencia y declaró haber tenido ocasión de haberse desecho del arma si hubiera tenido constancia de que se encontraba en su vehículo. Por el contrario, tanto la Fiscalía como las acusaciones reiteraron su petición de mantener la prisión para la agente de la Policía Local al insistir en su participación en la muerte de Isabel Carrasco “al mismo nivel” que las otras dos acusadas.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de León han comunicado que podrá pedir la incorporación, pero previsiblemente será rechazada y seguirá suspendida de empleo y sueldo hasta que exista una resolución judicial definitiva.