El juicio de la Púnica pone el foco en el fraccionamiento de facturas

La Audiencia Nacional retomó este viernes el juicio por la pieza separada de la Operación Púnica que está vinculada a la Diputación de León. El proceso sienta a un total de seis personas en el banquillo de los acusados con cargos por malversación, falsedad documental, fraude y tráfico de influencias o cohecho. En este sentido, la fiscalía solicita penas que suman ocho años de prisión para Marcos Martínez Barazón (que era entonces presidente de la Diputación tras el asesinato de Isabel Carrasco) y siete años para Manuel Jesús López (interventor) y Pedro Vicente Sánchez (coordinador del equipo de gobierno). Mientras, el conseguidor y cerebro de la trama, Alejandro de Pedro, se enfrenta a una solicitud de pena de cinco años y medio de prisión, la misma que José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena y mediador político afín al PSOE. Finalmente, se piden tres años y medio para Guadalupe Caballero, empleada de la empresa Madiva, que facturó los trabajos encaminados a la mejora de la reputación digital de Martínez Barazón a través de noticias favorables en periódicos zombies. Y supuestamente lo habría hecho a cambio de unas adjudicaciones ajenas a la legalidad por importe de 90.000 euros, que no habrían llegado a producirse, a través de la gestión de infraestructuras turísticas y hoteleras de la estación de esquí de San Isidro.

La sesión de este viernes arrancaba con el testimonio del actual interventor de la Diputación, Rafael Benito, que ya había ocupado el cargo entre junio de 1996 y julio de 2009, cuando la entonces presidenta, Isabel Carrasco, decidió destituirle como consecuencia de las «diferencias de parecer» a la hora de tramitar el pago de sus gastos de representación. «No existe un aparato administrativo que se ocupe del servicio de Presidencia y por eso las facturas las firma personal eventual, algo que sigue ocurriendo pese a que en realidad no debería ser así», detalló.

Benito –que recuperó su cargo original en 2016– dio cuenta de un informe que le fue solicitado por el juez sobre las facturas de publicidad institucional que la Diputación pagó en el año 2013, cuando el interventor era, Manuel Jesús López, uno de los imputados. «Se trata de un muestreo y eso no quiere decir que ocurriese con anterioridad a ese ejercicio, pero sí se han observado numerosas facturas que reflejan una periodicidad en los pagos derivados de contratos menores que el interventor está exento de fiscalizar», explicó antes de dejar claro que la publicidad dependía totalmente del equipo de gobierno y en última instancia, del presidente.

En todo caso, agregó que, a la hora de reconocer la obligación del pago, su departamento sí debe comprobar si se ha tramitado bien en las fases anteriores y si se ha acreditado la prestación del servicio. «La verdad es que son muchísimas facturas menores y puede ocurrir que el interventor no pueda percatarse de esa periodicidad, pero con el apoyo del personal del departamento sí deberían haber saltado las alarmas a la hora de formular un reparo y decir que ese tipo de actuaciones no requieren una propuesta de gasto sino un proceso de contratación o un reconocimiento extrajudicial de crédito», aseveró Benito.

Se refiere concretamente a facturas de publicidad –inferiores a 6.000 euros– que fue contratada con medios de comunicación de diferentes ámbitos – incluidos los citados periódicos zombies de Madiva– en las que figura el mes al que corresponde el pago y que en algunos casos llegan incluso a un total de 29.

Por su parte, Diego Armesto, interventor adjunto de la Diputación, explicó que desde 2010 se centró en labores de contabilidad, pero también de fiscalización de todo lo referido a San Isidro porque Manuel Jesús López había tenido «algún problema» con la estación de esquí de San Isidro. En todo caso, negó conocer la existencia de proyectos para la revitalización del recinto invernal o para la unión física con Fuentes de Invierno, aunque sí se refirió al convenio con Asturias para poner en marcha el forfait conjunto.

Mientras, las defensas de los acusados centraron fundamentalmente sus interrogatorios en tratar de demostrar que los pagos a la empresa Madiva eran similares a los que se realizaban al resto de los medios de comunicación y que dar difusión al trabajo que realiza la Diputación no significa necesariamente pagar por mejorar la reputación personal de su presidente.