El letrado consideró que la decisión judicial es “muy equilibrada, con argumentos sólidos y solventes que ratifican lo que las defensas planteamos” y subrayó que se produjo una “obvia prescripción”, debido a la paralización del procedimiento abierto sobre “hechos que ocurrieron en 2209, se denunciaron en 2013 y estuvieron paralizados hasta abril de 2015”.
En ningún momento, añadió, se concretó la acusación planteada por la Fiscalía que apuntó que dichos hechos se prolongaron hasta 2012. Cabe recordar que el Juzgado número 5 abrió una investigación, por un posible delito societario, sobre los miembros del Consejo de Administración de Caja España entre 2009 y 2012 por la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas. En total, según sostuvo la Fiscalía y la acusación ejercida por Izquierda Unida, estas operaciones generaron un perjuicio económico a la entidad de casi 60 millones de euros.
Los ex consejeros justificaron la prórroga de los créditos concedidos a Llamas y a otros empresarios y argumentaron que actuaron dentro de la legalidad y de la propia normativa de la entidad y que no hacerlo hubiese implicado llevar a la Caja a una situación concursal, dado que eran varios los casos en la misma situación, con cantidades muy importantes pendientes de pago.
Los 14 ex miembros del Consejo, defienden sus representantes, tuvieron que elegir entre seguir el criterio de los órganos técnicos y aprobar esas operaciones o pedir la intervención del Banco de España, con consecuencias como la imposibilidad de acometer la fusión con Caja Duero o de recibir los préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o trasladar los activos tóxicos de la caja a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb.
“No ha habido el menor atisbo de responsabilidad penal y es una solución razonable”, apunta el letrado que representa a cuatro de los ex consejeros y añade que la acusación fue “un montaje de Izquierda Unida, un artificio sin ninguna base”. “Si esta gente no llega a tener serenidad... quedaron en su puesto a hacer lo que prudentemente se podría hacer”, añadió sobre las decisiones acordadas por sus representados y el resto de investigados.
Añade que Caja España no fue, por esas actuaciones, objeto de ninguna de las sanciones impuestas por el Banco de España, el Frob, el Ministerio de Economía o la Comisión Europea a un total de 57 entidades financieras del país.
Francisca Cobos, abogada de varios ex consejeros, considera importante destacar que el auto es “una declaración de exención de responsabilidad que se pudo haber hecho antes” y que se considere prescrito el delito no significa que existieran esas responsabilidades que se les atribuían. El archivo era, a su juicio, la única salida posible. “Ninguno de los actos que hicieron los consejeros eran irregulares”, reiteró antes de comentar que “a veces los procedimientos judiciales resultan perversos” y reconocer “el mérito del juez, que no es el titular del juzgado”.
Habrá recurso
El abogado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, no ocultó su sorpresa “total” por la decisión judicial, “dado que no había ni siquiera petición por parte de las defensas sobre la prescripción salvo en uno de los casos” y anunció que presentará los correspondientes recursos -de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 5, para lo que dispone de un plazo de tres días- y de apelación ante la Audiencia Provincial de León, para lo que cuenta con cinco días.
Las citaciones llegaban pasados más de seis años de la denuncia de Izquierda Unida que impulsó el proceso, que se presentó el 15 de noviembre de 2011 ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) planteando diversas «dudas» sobre la legalidad de sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos a directivos de las cajas de ahorro de la comunidad. Saltó así el escándalo de los supuestos créditos ventajosos que la caja leonesa, Caja España, concedió a su presidente, Santos Llamas, con la presunta ‘complicidad’ de los miembros del consejo de administración, tal y como denunciaban.
El proceso se encallaba durante años por los distintos recursos interpuestos por las defensas de los investigados, pero hace unas semanas el procedimiento se desbloqueaba con los tres autos de la titular del Juzgado de Instrucción 5 de León que resolvían las cuestiones previas planteadas en cuanto a la petición de sobreseimiento de la causa, la no legitimidad de las partes personadas (Izquierda Unida, Izquierda Abierta y Ecologistas en Acción) y el intento de aplicar la denominada ‘doctrina Botín’ a este caso. La jueza, ahora sustituida por un juez al estar de baja, dijo que no al sobreseimiento, que sí a la personación de las tres formaciones como acusaciones populares y, además, independientes, y que sí también a que el presunto delito de administración desleal se puede perseguir aunque la perjudicada (la Caja) no esté personada en la causa.
Tres autos que daban pie a la providencia de citaciones fechada el pasado 29 de enero.