El juzgado, que entre otras actividades presuntamente irregulares, investiga si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían, considera que esta práctica fraudulenta se estuvo realizando durante 20 años, aunque no afectó a todas las incineraciones realizadas en este periodo. De manera provisional, se estima que fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.
A los afectados, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior, se les irá llamando paulatinamente para informarles de la existencia del procedimiento judicial y se les hará el ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa.
Es necesario aportar copia del contrato de prestación de servicios que se suscribiera con alguna de las sociedades denunciadas, así como el o los justificante de pago de los servicios En este sentido, desde la Delegación del Gobierno, se informa que se ha elaborado un modelo de denuncia para agilizar el trámite de los y las posibles denunciantes que se sientan afectados. El modelo, que ha sido autorizado por la Fiscalía, especifica que, en el caso de que no exista contrato de seguro con alguna compañía aseguradora, es necesario aportar copia del contrato de prestación de servicios que se suscribiera con alguna de las sociedades denunciadas, así como el o los justificante de pago de los servicios prestados (factura, comprobante bancario de transferencia realizada, etc.). También hay que especificar el coste de los servicios funerarios que recibieron y la relación familiar con el fallecido.
Igualmente, se informa que sólo serán citados a declarar por la Policía o por el Juzgado las personas a las que se considere perjudicadas la vista del resultado de la investigación. En caso contrario, no se efectuará ninguna otra comunicación.
De momento, son siete las denuncias que se han presentado en la comisaría de la Policía Nacional.
Operación abierta
Al mismo tiempo, desde la Policía Nacional se resalta que la investigación está todavía en una fase incipiente puesto que, en el marco de la Operación Ignis, se incautaron de una enorme cantidad de documentos y de ordenadores. En este sentido, desde el CNP se recalca que hay tiempo suficiente para poder efectuar la posible denuncia y que no es necesario apresurarse. También se pide que, si fuera posible, estas denuncias se realicen en los horarios de oficina de mañana y tarde, de lunes a viernes, en los que los efectivos de atención al público son más numerosos.
El pasado sábado, la magistrada acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del dueño de la mercantil, y la prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros de su hijo, que aún permanece en la cárcel. Los otros trece arrestados quedaron en libertad. Todos ellos, los quince detenidos, son investigados en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Según el juzgado, se trata de una calificación jurídica genérica y provisional.
Las diligencias tienen su origen en 2017. En el marco de esta investigación, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.