El magistrado Velasco procesa a los tres investigados de León en la trama Púnica

Eloy Velasco, juez del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, concluyó este miércoles la investigación de la pieza separada 2 –’León’– de la trama de corrupción Púnica, la que se refiere a la Diputación de León, que deja en la provincia tres investigados.

El juez cifra en más de 90.000 euros los fondos públicos que recibieron    de forma irregular en León las empresas de Alejandro De PedroEl magistrado emitió un auto en el que acuerda continuar la tramitación del procedimiento de la ‘pieza leonesa’ contra el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros; Pedro Vicente Sánchez García, exjefe de Gabinete de Presidencia de la institución provincial y alcalde de Puebla de Lillo; y el exinterventor del Palacio de los Guzmanes, Manuel Jesús López Sánchez. Los dos primeros eran alcaldes por el PP, aunque decidieron abandonar el partido antes de ser expulsados, y a día de hoy siguen en sus cargos.

En la misma pieza, hay otras tres imputaciones: Alejandro de Pedro Llorca , el ‘conseguidor’ de la trama corrupta en la provincia; José Antonio Alonso Conesa; y contra las empresas de reputación online Eico SL y Madiva Editorial y Publicidad SL.

En su auto, de 12 páginas, Velasco se basa en todas las diligencias practicadas hasta el momento, interrogatorios de los investigados y de los testigos, así como en las llamadas telefónicas interceptadas para concluir que existen indicios racionales de que las personas investigadas en la causa pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.

De los tres investigados, a Martínez Barazón se le imputan siete delitos, y cuatro a Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López El juez Velasco sostiene que Martínez Barazón, en su empeño por mantener la presidencia de la Diputación  (para lo cual quería conseguir además presidir el PP leonés), se puso en manos de Alejandro de Pedro para que a través de sus empresas lograra mejorar su reputación online, como ya viniera realizando con su antecesora, Isabel Carrasco, a quien sucedió tras ser asesinada en mayo de 2014. La tarea de mejorar la imagen de Martínez Barazón y lograr así que se consolidara en su puesto costó más de 90.000 euros de dinero público.

También recoge el auto del magistrado que existía un interés mutuo entre De Pedro y Martínez Barazón en beneficiar al empresario con contratos públicos en la estación invernal de San Isidro, y que el expresidente incluso pretendía formar parte de alguna de las empresas que se crearan a  tal efecto.

Velasco resume en su auto la relación entre los cargos públicos leoneses y los empresarios investigados, de la que –argumenta– «todos sacaban beneficios personales».

A Marcos Martínez Barazón, único de los investigados que estuvo en prisión durante casi dos meses, se le imputan siete delitos: fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación e caudales públicos continuada.

A Pedro Vicente Sánchez, los delitos de fraude, cohecho, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.

Y a Manuel Jesús López, fraude, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos continuada y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.