Elena Collado deja claro que se trata de una normativa básica del Estado y, por lo tanto, no puede ser modificada por las comunidades autónomas, si bien considera que “es preciso analizar, en cada caso, los obstáculos que la aplicación de la normativa plantea”. “El nuevo reglamento en ningún momento señala que deba tener carácter retroactivo “, asegura en la misiva, donde explica que se deben respetar “los derechos preexistentes a la nueva norma y, entre ellos, los derivados de nombramientos realizados a la regulación anterior”.
Por ello, las personas que actualmente desempeñan labores de secretaría en estas entidades locales seguirán en sus cargos hasta que sean destituidos, se jubilen o dimitan.
La mejor salida posible
Esta interpretación de las disposiciones del Real Decreto es para José Antonio de Santiago, “la mejor salida de las posibles” para el problema, dado que abrir un proceso de reforma de la normativa podría llevar mucho tiempo y, además, “permite a las administraciones implicadas ir buscando soluciones a cada caso concreto”. “No es lo mismo tener que asumir 2.221 entidades locales de golpe que ir estudiando cada una de las soluciones a medida que el vecino que lo está haciendo se vaya jubilando”, explicó a Ical.La decisión del Ministerio de Hacienda se produce después de que el consejero de la Presidencia se dirigiera el pasado 25 de abril por carta a la secretaria de Estado para pedirle que se permitieran “fórmulas que garanticen el desempeño de las funciones reservadas en todas entidades locales mejores, valorando, entre otras posibles, la recuperación de la figura de la persona con capacitación suficiente que tradicionalmente venía desempeñándolas”.
José Antonio de Santiago explica en su carta la importancia que tiene esta figura en Castilla y León, con 2.221 entidades locales ubicadas especialmente en las provincias de Burgos, León y Palencia, que suman el 64 por ciento de las que hay en España. Asimismo, pregunta por las capacidades que otorga el Real Decreto a las comunidades autónomas para establecer una regulación propia, cuestión que zanja el Ministerio al señalar que se trata de legislación básica y, por lo tanto, de obligado cumplimiento.
José Antonio de Santiago señaló a Ical que la solución que plantea el Ministerio es mejor que una moratoria de un año en la aplicación de esta norma, tal y como han planteado algunos partidos políticos porque “eso sólo trasladaría el problema” y se preguntó “qué han hecho en todo este tiempo algunas formaciones para buscar soluciones a esta cuestión, además de quejarse y criticar”. Por ello, se felicitó que haya sido una iniciativa el Gobierno de Castilla y León la que “haya logrado dar una salida a la situación que causaba problemas a una buena parte del medio rural de la Comunidad”.