El ministerio tiene sobre la mesa las dudas de las juntas vecinales

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) permanece a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la interpretación de un buen número de cuestiones del Real Decreto 128/2018, que elimina la figura del secretario-vecino de las juntas vecinales y atribuye sus funciones a un secretario habilitado nacional. El decreto, que mantiene en el aire la actividad de más 1.200 juntas vecinales de la provincia, es de vital importancia para la organización futura de los pueblos de León y supone importantes retos sobre su funcionamiento. Para aclarar todas las cuestiones relativas a este nuevo marco regulatorio, que supone la profesionalización de estos entes locales, representantes de Cosital, con presencia de la delegación leonesa, y del ministerio que dirige Cristóbal Montoro mantuvieron la pasada semana una reunión de más de cuatro horas en la que los funcionarios presentaron un exhaustivo documento de siete página en el que se desglosan las dudas más relevantes sobre la aplicación del decreto. Después del encuentro, desde el colegio informaron de que «tras el análisis de las diferentes cuestiones, el ministerio va emitir unos criterios interpretativos que nos hará llegar y que se trasladarán a la organización colegial». Además, desde la organización profesional aseguran que «se continuarán manteniendo contactos, por lo que cualquier cuestión o problema que se plantee en relación con la aplicación de la norma se pueden hacer llegar a los colegios territoriales o al Consejo General, para su remisión y tratamiento con el ministerio».

La literalidad no puede ser solo ‘los secretarios de los ayuntamientos’, también tiene que abrirlo al SAM
En León, las juntas vecinales, los secretarios y la Diputación siguen esperando respuestas a sus preocupaciones,dos semanas después de que la institución provincial acordara con el colegio local la solicitud de una moratoria y la interpretación de un buen número de cuestiones. Por el momento, el ministerio no se ha pronunciado, aunque el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, apuntaba este miércoles que existe «receptividad muy importante» entre las partes. Majo afirmó que esperan que en los próximos días «se nos dé algún tipo de solución o nos hayan dicho algo» y afirmó que el tema se tratará de nuevo en la próxima junta de portavoces. El presidente recordó también que «la Diputación está trabajando para todas las juntas vecinales que lo piden» y negó tener constancia de expedientes paralizados en las juntas vecinales. Sin embargo, no ocultó que «otra cosa es la labor de dar fe», puesto que una de las modificaciones más importantes del decreto supone que es necesaria la presencia de un habilitado nacional en las reuniones de las juntas vecinales para sancionar los acuerdos alcanzados.

El colegio de secretarios ha trasmitido la "receptividad" que encontró en la reunión con el ministerio
Por otra parte, Martínez Majo recordó que en la institución provincial «estamos dispuestos a participar, como se le ha puesto por escrito al ministerio, en la búsqueda de soluciones y ser parte de la solución». Majo reclama «una variación legislativa» en la redacción del decreto, en el sentido de que «la literalidad no puede ser solo ‘los secretarios de los ayuntamientos’, también tiene que dejar un poco abierto a que desde el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) podamos colaborar».

La Diputación y Cositleón también ha mantenido reuniones con representantes de las Junta de Castilla y León, que mantiene competencias en la cuestión. En relación a las reclamaciones que se le han planteado a la Junta, el presidente recordó, como ya hiciera en su día, que «esto necesita un arreglo económico, eso lo primero».