Los principales ayuntamientos de la provincia forman parte de Gersul, aunque al ser la institución de mayor tamaño es Diputación quien asume, por ley, la responsabilidad. En ese limbo se mueve desde su creación a finales del siglo pasado, convirtiéndose en un coladero de enchufados y recomendados, a los que a menudo se ha dado empleo a cambio, por ejemplo, de que encabecen la candidatura de un determinado partido en un determinado pueblo. Y ese mismo limbo le permite trazar una enredadera (sin segundas, claro) en la que es casi imposible conseguir cualquier tipo de información. Diputación, con el desprecio a los medios que ha convertido en seña de identidad,a menudo manda notas de prensa por boca de Gersul, pero si se le pide cualquier tipo de valoración la respuesta es «nosotros no somos Gersul». La web de Gersul sólo aporta una información, lo que se califica como «noticia importante»: cómo pagar la tasa. El presidente dice que el contrato en vigor con la unión temporal de empresas Legio VII, formada por FCC y Urbaser, es anterior a que se aprobara la Ley de Transparencia, por lo que existe la obligación de que se pueda consultar el internet. Llamar al gerente y tener la esperanza de que responda es una utopía.
Oscurantismo
Ante esta maraña, lo normal es acudir al registro oficial para solicitar información, pero tampoco sirve de nada. En ese caso, la obligación de respuesta está amparada por ley, pero los responsables de Gersul y de Diputación, tan habituados a judicializar todos los procesos, se la saltan a la torera en un claro ejemplo que viene a concluir ‘si quieres saber algo vas a tener que ir a pedírnoslo al juzgado’.El presidente de la Diputación, el socialista Eduardo Morán, delegó en el diputado y alcalde de La Robla Santiago Dorado la presidencia de Gersul, que en esta legislatura ha tenido que pagar 34 millones de euros a las empresas que gestionan el centro de tratamiento situado en San Román de la Vega, 9 por el ejercicio en curso y 25 por los pagos atrasados que otros equipos de gobierno de Diputación fueron sorteando.
A pesar de ello, Urbaser y FCC incumplieron el acuerdo con los trabajadores para revisar sus tablas salariales y llevaron a la plantilla al borde la huelga, en lo que se podría considerar todo un clásico de la Semana Santa. Los adjudicatarios del contrato de mayor cuantían de toda la administración pública en esta provincia consiguieron que, además, Gersul revisara su canon de gestión, es decir, que Gersul, es decir, que todos los leoneses, pagaran esa subida de sueldo comprometida en asamblea. El razonamiento de las empresas parece lógico: ya que este equipo de Gobierno paga religiosamente todo lo que no han querido pagar los anteriores, vamos a seguir exprimiéndoles. Así, Diputación cedió a las presiones para evitar un caos de las basuras durante la Semana Santa. Algo parecido pasa a menudo en Nápoles. Algo parecido ocurre en una de las últimas temporadas de Los Soprano...
¿Contrato a la baja?
Urbaser y FCC se reparten 12 millones de euros al año por la adjudicación de un contrato que vence a finales de 2024, pero para cuya renovación las presiones ya son extraordinarias. Sobre todo, uno de los aspectos que está sobre la mesa es que ese nuevo contrato, que es el mayor en cuantía de los que la administración pública lleva a cabo en esta provincia, tendrá que revisarse necesariamente a la baja, pues a pesar de que han pasado muchos añosdesde que está en vigor lo cierto es que, por el camino, varios de los grandes ayuntamientos a los que da servicio han municipalizado sus respectivos servicios de recogida y tratamiento de basuras. Quizá por ello, desde Urbaser y FCC las presiones son ya extraordinarias para intentar repetir la adjudicación y que los beneficios de las dos multinacionales no se vean reducidos.En todo ello tiene mucho que ver la judialización de todo lo que tiene que ver con la administración de Gersul. Diputación ha pagado escrupulosamente lo que debía por sentencia judicial, pero aún quedan otras sentencias pendientes, como la que apunta a que el anterior presidente y el gerente, entre otros, tienen que avalar con su patrimonio personal el sobrecoste de algunos de los salarios, en los que los convenios laborales fueron bailando en función de si el servicio era privatizado o no por las diferentes administraciones que forman parte del consorcio, conclusión a la que se llegó en el enésimo cambio de interventor y cuando esta responsabilidad recayó en el del Ayuntamiento de León.