Un 'tirón de orejas' por "incumplir el mandato" de colaborar con el Procurador en sus investigaciones "y sus dos reiteraciones", para el que dispone un nuevo plazo de ocho días en el que Educación informe de forma motivada la aceptación o no de esta nueva resolución de cara al curso que comienza en septiembre. En la misma, Quintana exige que la flexibilización de ratios se haga "en la mayor medida posible" y teniendo en cuenta las "expectativas de futuro" en cada pueblo. La petición es, por tanto, la de incorporar a la normativa la posibilidad de mantener unidades escolares aunque no se cumplan las ratios si en los años posteriores sí que, previsiblemente, se alcanzarían los alumnos suficientes.
Aunque la institución ubicada en León pide ir un paso más allá, la Junta ya tiene activo un programa de flexibilización de ratios que en el caso de la provincia de León mantiene abiertas siete aulas con solo tres y cuatro alumnos, por debajo del mínimo. "Somos conscientes de la importancia de prestar servicios allí donde quieran vivir las familias y seguiremos manteniendo estas unidades escolares", expresó la consejera Rocío Lucas en una entrevista concedida recientemente a este periódico.
Más profesores y tecnología
Entre las exigencias del Procurador del Común a la Junta también figura la de dotar de más profesionales a la escuela rural, incluyendo profesorado especialista con incentivos para vivir en los pueblos, y de más materiales, especialmente del ámbito TIC con mejores conexiones y dispositivos digitales. Todo para garantizar una "educación de calidad" y la "igualdad de oportunidades".
Se pide a la Junta que tenga en cuenta las "expectativas de futuro" en cada pueblo antes de decretar cierres Igualmente, Quintana reclama que todas las políticas educativas tengan en cuenta las "las necesidades, demandas y aportaciones de las administraciones locales" para lograr "un contacto más próximo con la realidad de cada municipio". Es decir, dar a los ayuntamientos más manga ancha en lo que concierne a sus escuelas y que tengan un mayor peso en la toma de decisiones.
Una exigencia que tiene un más relevancia si cabe en León, la provincia con más Colegios Rurales Agrupados (CRA) a nivel autonómico. Con 49 centros de este tipo, la enseñanza leonesa es la que más beneficiada saldría de este "fuerte compromiso" que pide el Procurador.
Mayor peso del Criele
Además, Quintana reclama medidas para "paliar la limitación de las relaciones sociales" de los alumnos del medio rural. Por ello, pide potenciar la figura de los Centros Rurales de Innovación Educativa (Crie), como el Criele que existe en la provincia de León. Un impulso que, para el Procurador del Común, debe pasar por fomentar las actividades complementarias, las convivencias periódicas entre niños y niñas de diferentes pueblos o la organización de encuentros deportivos.
De cara a la implantación de la educación gratuita de dos a tres años, el procurador pide una "mayor flexibilización" a la hora de constituir las unidades. Algo que debe salir adelante "sin perjuicio de la mejora que se ha producido con la bajada de ratios de carácter general".
Ejemplos en la provincia
Como ejemplos de la situación que atraviesa la educación rural, en la resolución del Procurador del Común se emplean en varias ocasiones casos del último curso en la provincia de León. Así, se cita la situación del Ceip Piñara de Vega de Espinareda, donde se ha anunciado el cierre de un aula de Primaria pese a contar con 14 nuevos alumnos de Infantil.
Igualmente, un caso similar al de Vega de Espinareda se estaría produciendo antes del comienzo del curso 2022/2023 en el Ceip Valladares Rodríguez de Toreno. Además, el Procurador también se hace eco de la queja que recibieron de unas familias del CRA Valle del Duerna por el desdoblamiento denegado a un aula en Tabuyo del Monte.
Diferentes situaciones que Quintana pide que sean atajadas por Educación en el curso que comenzará el mes que viene. Todo para que, con una enseñanza de calidad y más flexible, se contribuya al objetivo de "frenar la despoblación".