A lo largo del primer trimestre, la Consejería de Educación se puso en contacto con 52 equipos directivos de centros educativos de León para conocer la disponibilidad de espacios y sus necesidades específicas. Sin embargo, tal y como señala Manuela Diez desde el sindicato Anpe, "ningún técnico se ha desplazado a medir las aulas de forma presencial".
"Todo está en el aire" para el profesorado, que está a la espera de cuál será la ampliación de personal, "que no aparece en los presupuestos autonómicos para 2022". "Todo se ha parado desde la disolución de las Cortes. La principal duda es la del personal que pondrán", apunta Almudena Fernández, de Stele.
Junto a las plantillas, otro de los principales frentes abiertos es el de cuántos alumnos habrá en las aulas de dos a tres años. Según apuntan desde sindicatos como UGT, la Junta está barajando una ratio máxima de 20 alumnos. "Nos filtran que pueden ser 18 o 20, que en zonas rurales se estudiará. Es una burrada y, además, en los pueblos es inviable", valora desde UGT Alberto Álvarez.
Por ello, los sindicatos leoneses de enseñanza salen al paso pidiendo, como en el caso de CSIF, que estas aulas para ampliar la Educación Infantil no excedan de los 15 niños y niñas. "Para que haya una buena atención lo ideal serían diez, pero en ningún caso se debería estar por encima de 15. La ratio de 20 sería una barbaridad porque hay infinidad de rutinas, quitar el abrigo, poner el babi, todos los protocolos del Covid... Hay que recordar que muchos de estos alumnos no han cumplido todavía los dos años", explica Javier Fernández, de CSIF.
Un maestro y un técnico
Aunque no hay unanimidad entre los representantes del profesorado, la mayoría de los sindicatos se inclinan porque estas clases estén gestionadas por un maestro y un técnico de Educación Infantil, es decir un profesional con titulación universitaria y otro con un Grado Superior de Formación Profesional. Este sistema es conocido como el 'modelo cántabro', ya que ha sido implantado con éxito en sus aulas. No obstante, los docentes no tienen demasiadas esperanzas en que la Junta esté dispuesta a hacer frente a esta ampliación de las plantillas. "Es casi una utopía que la Junta cuente con dos profesores. Pero, al menos, que un maestro controle el trabajo asistencial que realicen los técnicos superiores", plantean desde CSIF.
Una contratación que quieren que sea de "nuevo empleo" y no a costa de cargar de más responsabilidades a las plantillas actuales. "La presencia del personal educativo y asistencial todavía no se ha negociado y tampoco hay ninguna reunión prevista", indican desde Anpe.
¿También en centros privados?
Alberto Álvarez, de la sección educativa de UGT, aseguró a este periódico que este martes se envió a una comisión específica la orden de admisión en centros y que en ella se recoge también a los centros privados. Sin embargo, la mayoría de formaciones sindicales apuestan porque la gratuidad de dos a tres años se concentre en la red pública y que la medida "no se convierta en un cheque escolar para llevar al alumno donde se quiera.
En este sentido, la gratuidad educativa no se puede concentrar exclusivamente en los centros propios de Educación Infantil de la Junta, "solo 30 en todo el territorio autonómico". También hay muchas dudas de cómo se llegará a una ratio mínima en el medio rural que permita llevar la medida a sus escuelas.
Entre las peticiones del profesorado leonés para la ampliación de la Educación Infantil, prevista para el próximo curso, también están las infraestructuras de obra nueva para albergar las clases, más con los desdobles a los que obliga la pandemia, o la diferenciación de patios de estos alumnos de tan corta edad. En cuanto al número de profesores que se necesitaría contratar para afrontar los cambios con garantías, ningún sindicato hace estimaciones y prefieren esperar a la demanda, ya que "no todas las familias quieren llevar a sus hijos a esta edad aunque sea gratuito".