El PSOE denuncia por amenazas e intento de agresión a los empleados del polideportivo de Navatejera

El socialista Jorge Pérez Robles, vocal de la Junta Vecinal de Navatejera y en representación de la pedánea, Berta Llamazares, explicó este miércoles que han denunciado ante la Guardia Civil «las amenazas, coacciones e intentos de agresión recibidos por parte de los trabajadores del polideportivo» el martes por la tarde, horas después de que se les comunicara los ocho despidos, por lo que los acusados ya han declarado.

Según explicó Pérez Robles, los trabajadores les amenazaron con buscar tanto a sus hijos como a los de Llamazares en sus colegios y guarderías. «Nos dijeron que íbamos a firmar nuestra dimisión con nuestra puta sangre, además de llamarnos hijos de puta», apuntó el también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villaquilambre, que detalló que incluso habían descargado un extintor en el portal de la vivienda de otra vocal de la Junta Vecinal al que habían acudido para refugiarse de los insultos y amenazas de este grupo de trabajadores.

Todo sucedió el martes por la tarde, según el relato de Pérez Robles, cuando accedieron al polideportivo pensando que no quedaba ningún trabajador, pero «estaban escondidos en un pasillo». «No nos dejaban salir, nos impedían el paso tanto en las oficinas como después fuera de las instalaciones», aseguró Pérez Robles, que intervino ayer ante los medios puesto que, según destacó, Llamazares está de baja con ansiedad después de lo acontecido el martes. Tras la denuncia ante la Guardia Civil, «y para evitar más linchamientos», los responsables de la Junta Vecinal aseguran que no volverán a acercarse al polideportivo, que esperan que por fin se haga con él el Ayuntamiento de Villaquilambre, a cuyo equipo de gobierno acusó de no haber hecho nada durante estos meses para evitar esta situación, además de «no haber condenado estos hechos ni en público ni en privado».

Por su parte, los trabajadores acusaron a la Junta Vecinal de haber tomado la decisión de los despidos sin comunicarlo antes, además de que están incluidos «una embarazada y el representante de los trabajadores», según expuso el propio delegado sindical, José Manuel Valencia, que se ha encerrado junto a algunos compañeros en las instalaciones

De hecho, el secretario provincial de USO, Antonio Nicolás, especificó ayer que estos despidos son nulos de pleno derecho puesto que no se han comunicado con el tiempo estipulado, algunos de los trabajadores están en ERTE motivado por la pandemia, con lo que no se podrían extinguir contratos, y no están justificados de forma exhaustiva, puesto que se alegan razones económicas y de mantenimiento de las instalaciones, que están cerradas en parte y sin uso. Además, hay que tener en cuenta que se les deben varias mensualidades.

Pérez Robles aseguró ayer por la tarde que la deuda de 1,5 millones de euros y la incapacidad para hacer frente tanto a las nóminas como a los costes del polideportivo han supuesto esta decisión, a la espera de que se pueda licitar con una empresa la gestión del servicio o sea directamente el Ayuntamiento quien se haga cargo. «Quieren privatizarlo», apuntaron tanto Nicolás como Valencia.

También el Ayuntamiento de Villaquilambre mostró este miércoles su parecer sobre esta situación, al acusar a a Pérez Robles y Llamazares de «falta total de colaboración», de ahí que mostrara «su indignación con la directiva socialista de la pedanía, a la que le ha ofrecido su ayuda en reiteradas ocasiones». «Siempre han antepuesto sus intereses políticos a los de los trabajadores», agregaron desde el Consistorio, que recordaron que cada año abonan 90.000 euros a la Junta Vecinal, aunque los de este año no se han transferido, según apuntó Pérez Robles.