El PSOE lleva al pleno de San Andrés retrasar el pago de la deuda al Estado

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebra este viernes un pleno extraordinario trascendental para la economía del Consistorio. El principal punto del orden del día es el que permitiría al municipio acogerse a las nuevas medidas de apoyo financiero aprobadas por el Gobierno de España, y cuyo plazo para sumarse expira el 22 de este mismo mes.

Son varias las mejoras que suponen este paquete de medidas del Ministerio de Hacienda, destinadas a ayuntamientos como el de San Andrés con importantes problemas de financiación. Y es que hay que recordar que el tercer municipio de la provincia de León tiene actualmente una deuda de 59,5 millones de euros con el Estado, derivadas de tres préstamos concedidos por el departamento de María Jesús Montero: el plan de pago a proveedores (el ICO), que asciende a 46 millones de euros, y dos fondos de ordenación, de 6,4 y 7,1 millones de euros respectivamente, que se utilizaron para abonar sentencias judiciales contrarias al Consistorio.

En total son esos 59,5 millones que el Ayuntamiento debería de empezar a abonar el próximo año, puesto que la primera anualidad de estos préstamos asciende a 1,5 millones. Pero si hoy el pleno aprueba por mayoría absoluta sumarse a las medidas creadas por el Gobierno central, la situación cambiaría sustancialmente. Primero porque los tres créditos se unificarían en uno solo, pero sobre todo porque se lograrían otros dos años de carencia (en 2017 ya se lograron también dos años de aplazamiento para el abono de estas cantidades), lo que supondría que el Consistorio presidido por Camino Cabañas no debería empezar a pagar hasta 2022.

Pero el Gobierno también permitirá al Ayuntamiento incrementar en diez años el tiempo para abonar el crédito, tomando como referencia el préstamo en el que se haya firmado más ejercicios para pagarlo. Es decir, puesto que los créditos ICO deberían sufragarse antes de 2035 (eran 20 años desde su firma), ahora habría otros diez años más, por lo que el conjunto de la deuda de San Andrés debería sufragarse antes del 31 de diciembre de 2045. Y como se amplía el periodo de amortización, a su vez se reduce la cantidad a pagar en cada anualidad, con el consiguiente alivio para las cuentas del Ayuntamiento.

Por tanto, si el pleno no aprueba estas medidas, el año que viene el Consistorio tendría que abonar 1,5 millones de euros al Estado, pero en 2021 la cifra se duplicaría hasta llegar a los 3 millones, y en 2022 se establecería una cuota anual de 4,7 millones hasta 2035.

Eso sí, si el equipo de gobierno logra el apoyo de más grupos políticos (UPL ya confirmó este jueves que votaría a favor de esta medida, por lo que solo haría falta el voto de al menos otro concejal más para lograr la mayoría absoluta), en 2022 comenzaría a pagarse un abono anual de 3,2 millones (de los que algo más de 700.000 euros pertenecen a intereses por estos créditos), y se mantendría esta cuantía estable hasta 2045, si el Ministerio no varía las condiciones durante los años restantes hasta amortizar la deuda total con el Estado.

Sería por tanto una medida para tener más tiempo para pagar los préstamos, pero también para generar ahorro (sobre todo hasta que en 2022 se empiece a abonar la cuantía anual) y el Ayuntamiento lograría tener liquidez para destinar a inversiones.

Por este motivo, el equipo de gobierno apelaba este jueves a «la responsabilidad» de la oposición para que apoye estas medidas y se logre así un respiro para las arcas municipales, algo que ya se vería reflejado en el presupuesto de 2020.