El secretario del Consejo de Administración de HVL dice que no hubo "alarma" sobre riesgos en la mina

El juicio por la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013, a consecuencia de una invasión masiva de grisú, continuó este lunes con el inicio de la declaración de los testigos de las defensa de los 16 acusados, que abrió el que fuera secretario y letrado del Consejo de Administración de la compañía desde la década de los 80, Francisco Blanco Balín, quien manifestó que en ese órgano “no hubo ninguna alarma en la que se dedujera que hubiera algún riesgo inminente en materia de seguridad”.

También dijo que los informes solicitados tras el suceso, no detectaron faltas de medidas de seguridad o falta de prevención en el funcionamiento de la compañía. Además, afirmó que a su entender la seguridad siempre fue la máxima prioridad en el desarrollo de la actividad en la compañía y aludió al denominado ‘Mes de la seguridad’ puesto en marcha en 1961, que tenía como fundamento “concienciar a la plantilla” en la materia.

Preguntado por si recordaba alguna comunicación sobre algún accidente por gas metano ocurrido en la compañía, declaró que “de todos los accidentes graves y muy graves el Consejo fue informado en todo momento” y mencionó tener en la memoria -lo situó en la década de los 60- el accidente registrado en el Grupo Socavón de Santa Lucía de Gordón en 1952, que le costó la vida a nueve mineros.

Por otro lado, dijo desconocer los incumplimientos en materia de riesgos laborales recogidos en la sentencia que declaró nulos los despidos de responsables de seguridad de la Vasco ocurridos con anterioridad al accidente.

Respecto a la ausencia de cobertura, cuando ocurrió el siniestro, de la responsabilidad patronal señaló que “prácticamente ninguna compañía de seguros española quería ofrecer esa cobertura. Las primas eran sumamente desproporcionadas en las que sí lo tenían” y reconoció la existencia de una póliza de responsabilidad civil de consejeros y directivos que no se ha aportado al caso y que, dijo, no tenía cobertura sobre el caso.

La empresa llegó a un acuerdo de indemnización en su día con la viuda de uno de los fallecidos, lo que, recalcó, “no implica el reconocimiento de ninguna responsabilidad o falta de medida de seguridad en modo alguno”. Señaló, por otra parte, que “el único motivo por el que no se alcanzaron otros acuerdos con el resto de familiares fue por la cuantía de la indemnización”.

El turno de declaraciones de este lunes lo cerró Aránzazu Reyes Jiménez, representante de una correduría de seguros que compareció por videoconferencia, y respondió a cuestiones relacionadas con la vigencia de alguna póliza de seguros de alguno de los acusados y la comunicación del siniestro a una compañía afectada.

Posteriormente, la jueza dejó constancia de que se ha comunicado a todas las partes un acuerdo alcanzado con la compañía Mapfre la pasada semana, que implica el pago de 3,2 millones a los afectados por el siniestro. La sesión se retomará este martes con la declaración, entre otros, el jefe del Servicio Territorial de Industria. Comercio y Turismo de la Junta.