Actuación en la Comarca de Babia
Desde principios del mes de septiembre la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Villablino ha realizado diversos servicios encaminados a la identificación de personas dedicadas a la comercialización ilegal de permisos de caza para abatir piezas de caza mayor concretamente Rebeco cantábrico, agravando dicha situación si las mismas son efectuadas con artes o medios prohibidos.
Como resultado de la operación “Térmico” se ha procedido a la identificación y propuesta para sanción a un total cinco cazadores por la comisión de varias infracciones administrativas entre las que destacan la tenencia de varios trofeos de caza desprovistos del precinto homologado así como el decomiso de un arma larga (rifle) y dos visores térmicos.
Como consecuencia estas personas se enfrentan a posibles sanciones que pueden llegar a los 2.000 euros y la retirada de la licencia de caza en inhabilitación para obtenerla en un plazo inferior a un año por no realizar el precintado de la pieza de caza así como la posible indemnización de la pieza abatida que en el caso del rebeco cantábrico asciende hasta los 5.000 euros por ejemplar y en ambos sexos. En el caso de la utilización o tenencia de los visores térmicos durante la acción de caza la sanción puede llegar a los 10.000 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla de entre tres y cinco años.
En Nogarejas
Componentes de la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de León, durante la prestación de un servicio para la prevención del furtivismo en temporada de berrea, al resultarles sospechosa la circulación de un vehículo, proceden a su inspección hallando en su interior una cabeza de un ciervo macho abatido recientemente y otras partes del mismo. Acto seguido, se interviene la misma al carecer del precinto obligatorio que se debería haber colocado en la cornamenta, inmediatamente tras abatir al animal.
Constituye una práctica habitual entre los furtivos, la no colocación del precinto para poder reutilizarlo en sucesivas ocasiones e incrementar al número de ejemplares abatidos.
Los hechos descritos serían constitutivos de una infracción grave a la Ley de Caza 04/2021 de Castilla y León, pudiendo ser sancionado con una cuantía que oscila entre los 2.000 y 10.000 euros,la retirada de la licencia de caza de uno a tres años y una indemnización de 5.000 euros por la muerte del animal.