Según un informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas a iniciativa de las Cortes Generales, el real decreto de 2007 que establecía el marco normativo de la línea de subvenciones de infraestructuras en estas zonas era "escasamente preciso", lo que implicaba un "excesivo grado de discrecionalidad" en la documentación admitida como justificación de los distintos beneficiarios. En concreto, cree que incrementaba el riesgo de encontrar deficiencias e irregularidades en la aplicación de los fondos y una "falta de homogeneidad" en el procedimiento, detectando así "deficiencias e irregularidades" en la justificación de las subvenciones concedidas, especialmente en las correspondientes a las entidades sin fin de lucro.
Asimismo, afirma que el marco normativo era "ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno", al mismo tiempo que apunta que la selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto.
De hecho, varias subvenciones concedidas con cargo a esta línea han sido objeto de procesos judiciales penales, como la ayuda concedida al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Social para la construcción de la residencia de mayores 'La Minería', en la que el informe ha advertido "irregularidades e incumplimientos significativos en su tramitación, ejecución y justificación".
"Incoherencias" en los planes destinados al empleo
A esta línea de subvenciones, destinadas a la concesión directa de infraestructuras cuyas beneficiarias eran, principalmente, las comunidades autónomas y las entidades locales de estas zonas, le pertenecieron 1.105 millones del total. Los restantes 681 millones de euros se dirigieron a líneas para proyectos empresariales de concurrencia competitiva, destinadas a promover la creación de empleo.Respecto a las bases reguladoras para estos proyectos empresariales, el informe concluye que "adolecieron de un grado de complejidad muy elevado", dando lugar a la configuración contradictoria de algunos trámites, a la escasa concreción de otros y a "incoherencias" en la definición de los plazos de referencia para los beneficiarios y en la definición de algunos requisitos.
Asimismo, la fiscalización ha observado una falta de coordinación entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y las entidades colaboradoras, lo que afectó al seguimiento de la ejecución de los proyectos subvencionados, a las comprobaciones sobre la aplicación de los fondos y al cumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios.
Sobre el IRMC, cree que careció de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar adecuadamente las líneas de subvenciones de infraestructuras y de proyectos empresariales y que no impulsó suficientemente los procedimientos de reintegro de las ayudas ni inició procedimiento sancionador de los previstos.