Exigen a la Junta que actúe en el conflicto de Pinos o se tomarán “acciones judiciales”

El TSJ de Asturias ha desestimado los recursos de Mieres contra la sentencia que reconocía como “ilegales” las competencias ganaderas que se llevan a cabo dentro de este enclave leonés

26/12/2024
 Actualizado a 26/12/2024
El Ayuntamiento de San Emiliano, la Federación de Entidades Locales Menores de León, las Juntas Vecinales de Babia y la Asociación Montaña de Babia y Luna informan sobre la última resolución judicial respecto al conflicto del Puerto de Pinos. ICAL
El Ayuntamiento de San Emiliano, la Federación de Entidades Locales Menores de León, las Juntas Vecinales de Babia y la Asociación Montaña de Babia y Luna informan sobre la última resolución judicial respecto al conflicto del Puerto de Pinos. ICAL

La justicia ha vuelto a pronunciarse a favor de León en el conflicto de Pinos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha desestimado los recursos planteados por el Ayuntamiento de Mieres, asociaciones y ganaderos particulares contra el fallo del Contencioso 1 de Oviedo que declaraba «ilegales» las competencias ganaderas que este municipio asturiano estaba ejerciendo en el Puerto de Pinos, dentro del Ayuntamiento de San Emiliano y de la provincia de León.

Con este fallo en la mano, emitido el pasado 23 de diciembre, el abogado y presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, Carlos González-Antón, consideró que se ha llegado a «un punto de no retorno, porque las dudas jurídicas, si hubiera alguna, ya han desaparecido». Así, advirtió que «es el momento de la política, pero es un momento con una fecha de caducidad, porque ya no podemos esperar otro siglo hasta conseguir que desaparezca la ganadería en Babia». Quien debe actuar ahora afirmó que es la Junta de Castilla y León, a la que avisó de que si no lo hace «a cortísimo plazo tendremos que ejercer acciones judiciales frente a ella». «Aquí hay una dejación de competencias por parte de los órganos responsables de Castilla y León absolutamente palpable. Lo han dicho los tribunales y la dejación de competencias, a sabiendas de que se deben ejercer, tiene en nuestro ordenamiento jurídico calificaciones tanto administrativas como penales», subrayó recordando que hasta el momento se han «resistido siempre a pleitear contra nuestras propias administraciones, pero hasta cierto punto». 

El alcalde de San Emiliano, David Marcello, señaló que el resultado de la sentencia es el «previsible» y que la respuesta del Ayuntamiento será convocar un pleno extraordinario al que asistirán las juntas vecinales «para exigir una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León». «Creemos que es un tema transversal, que afecta a varias consejerías, por lo que la reunión queremos que sea con Alfonso Fernández Mañueco». Marcello estuvo de acuerdo con que «la solución» pasa en este momento por «una respuesta política» y recordó que en su día ya hablaron con la Diputación de León, con la que la comunicación es aún «fluida», pero que con la administración autonómica esta les «cuesta más». «Esperemos que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo las administraciones de Castilla y León y de la provincia para intentar dar carpetazo a este proceso que va a cumplir cien años en 2026», dijo.

«Los tribunales lo que han declarado es que, efectivamente, no se están defendiendo las competencias de Castilla y León, de las entidades locales ni de los ganaderos de Babia, en este caso», remarcó González Antón, que recordó que aunque aún existe la posibilidad de recurrir al Supremo, es difícil que el resultado vaya a ser otro porque «estamos ante una sentencia de más de 60 folios, perfectamente argumentada y en la que se realiza un esfuerzo claro de justificación para no dejar ningún resquicio a que se siga desarrollando esta actividad» por parte de Mieres.

Respecto a qué debe hacer la Junta subrayó que «cumplir lo que prometió en el 2006, que es aprobar un proyecto regional que permita o que incorpore la capacidad de expropiar estos terrenos, ya que con esa expropiación ya se eliminaría la presencia» de Mieres. Ve, además, que «hay argumentos de sobra para poder expropiar y para poder aprobar un proyecto» e insistió en que la Junta de Castilla y León «la única forma que tiene de resolver este conflicto es, en primer lugar, expropiando la titularidad y, en segundo, haciendo que la consejería de Agricultura y la de Presidencia le digan a Mieres que no puede seguir arrendando y, si sigue arrendando terrenos o comprando terrenos, declarar ese conflicto competencial y promover la anulación de todo contrato que realice Mieres dentro de Castilla y León».

Leandro Hidalgo, ganadero y alcalde pedáneo de Pinos pidió a la Junta que «inicie la expropiación y, al mismo tiempo que eso ocurre, prohiba ya la subida de los ganaderos para la campaña de 2025», que arrancaría el 1 de junio. «Es su competencia», apuntó al tiempo que pidió también el arreglo del camino, «que es un camino de cabras», para que pueda subir al menos un vehículo todo terreno. Advirtió que para la subida al Puerto de Pinos la Junta es la que debe dar las guías «porque es la única que tiene las competencias».

Por su parte, el presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, José Luis de la Torre, también señaló que la Junta es la que «debe tomar las riendas en este asunto» y pidió que «de una vez por todas defienda los intereses de la comunidad y de las propias juntas vecinales». 

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