La Asociación Activos y Felices clausura el ciclo de conferencia bajo el titulo '¿Sabias qué…?', cuyo objetivo no es otro que acercar el buen hacer de diferentes entidades del tercer sector a los leoneses. Este jueves la entidad invitada será la Fundación Feclem, que pondrá énfasis en la importancia de la atención jurídica a las personas con un problema de salud mental. Antes de acudir a la charla, la presidenta, Rosario Martín, y el gerente, Luis Ignacio García, han querido hablar sobre 'Por una ciudadanía de pleno derecho', un manifiesto creado para dar a conocer la precariedad de medios para ejercer las curatelas en Castilla y León.
- En primer lugar, vamos a contextualizar, ¿a qué se dedica la Fundación Feclem?
Rosario: La Fundación Feclem trabaja desde hace 24 años para que una persona con discapacidad por un problema de salud mental disponga de los apoyos necesarios para la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad jurídica. En situaciones de vulnerabilidad o desamparo, un juez puede estimar necesario el proporcionar apoyos a través de una figura de representación o asistencia legal. En caso de ser por un problema de salud mental, requieren a Feclem. Estudiamos cada caso y, si procede, asumimos el cargo. Desde ese momento, el objetivo de nuestra Fundación será garantizar las medidas de apoyo necesarias para que la persona esté en igualdad de condiciones y fomentar una gestión global o puntual, según cada caso, que permita defender los intereses de cada persona.
- Hace unos meses conocíamos la situación de crisis que atraviesa la entidad. ¿A qué os estáis enfrentando?
Luis Ignacio: Aunque Feclem se ha especializado en el servicio de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con un problema de salud mental, la Consejería de Familia continúa financiando a las entidades curatelares con la misma partida que hace 10 años, a pesar del aumento de personas apoyadas en la toma de decisiones. A día de hoy, Feclem desempeña más de 600 cargos, 200 más que en 2014. Durante los últimos años, la Fundación ha asumido el incremento de costes, a la espera de una respuesta por parte de la Junta que nunca ha llegado, lo que nos ha llevado a situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte), ya que prácticamente el 75% del gasto anual corresponde a la partida de personal laboral.
- Después de más de 20 años trabajando en los apoyos jurídicos, ¿cómo habéis llegado a este punto?
L.I.: Los motivos principales de esta situación son la falta de actualización del convenio de colaboración suscrito desde 2010 como fuente de financiación con la Junta de Castilla y León, la falta de desarrollo del Decreto de Concertación Social 3/2022, que conllevaría indicadores del servicio y su desarrollo, y la ausencia de concreción y transparencia en los estándares e indicadores de calidad para el desarrollo del servicio por parte de la Fundación Pública Fascyl.
- ¿Qué estáis haciendo actualmente para encontrar soluciones?
R.: Hemos emprendido una ronda de entrevistas institucionales para dar a conocer la precariedad de medios para ejercer las curatelas en Castilla y León. La consejera no nos ha recibido y la Gerencia de Servicios Sociales tampoco se ha sentado con nuestra Fundación para buscar soluciones reales y factibles. Por todo ello, hemos creado un manifiesto titulado “Por una ciudadanía de pleno derecho” en el que recogemos nuestro análisis y con el que en un mes hemos llegado al millar de apoyos. También hemos hablado con el Procurador del Común para que medie de nuevo en esta situación, ya que en 2009 emitió una resolución en la misma línea de nuestras peticiones actuales y tampoco se ha desarrollado por parte de la Administración Pública.
- ¿Cuál es la posición que ha tomado la Junta de Castilla y León ante vuestras peticiones?
L.I.: Según la Junta, no tenemos derecho a exigir financiación pública para continuar con nuestra actividad. Está claro que una subvención no sujeta a condiciones no es la solución, lo que sí consideramos exigible es el cumplimiento de la legislación y principios rectores de ésta en nuestra Comunidad Autónoma. Una financiación adecuada y suficiente que dote de estabilidad al tercer sector, protagonista en nuestro ordenamiento jurídico, permitirá el desarrollo de nuestras políticas sociales contempladas en la legislación vigente. Para poder avanzar en un sistema de apoyos a la capacidad jurídica se tiene que tener en cuenta la coexistencia y colaboración entre entidades públicas y privadas.
R.: Se está poniendo en peligro el modelo y la amplitud de los servicios que venimos prestando desde hace décadas lo cual afecta, en último término, a las personas apoyadas. Desde nuestra experiencia basada en sistemas y procedimientos certificados a nivel europeo, se deben exigir las mayores cotas de gestión de calidad a las entidades curatelares.
- Entonces, pueden colaborar las entidades privadas y públicas en la gestión de apoyos jurídicos.
L.I.: Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen atribuidas las Administraciones Públicas en el sistema de Servicios Sociales, entendemos que, en esta materia, los servicios de titularidad privada han formado parte del sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y que la Administración pública la ha avalado mediante convenios desde el año 2000. Si nos atenemos a la legislación, no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. Se trata de evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses, ya que no podemos ser juez y parte como curadores y prestadores de servicios. Desde hace años las Fundaciones privadas que no son titulares de centros o servicios de los que las personas beneficiarias son curateladas han advertido de esta situación. La necesaria separación de roles instada por la Convención de la ONU y puesta de manifiesto en la Ley 8/21, nos obliga a una necesaria participación y colaboración entre lo público y lo privado.
- ¿Existen precedentes en el sistema público-privado de gestión de apoyos jurídicos?
R.: Hemos puesto a disposición de la Junta los datos y acuerdos públicos y le hemos reiterado la necesaria equiparación de nuestra Fundación con las de otras Comunidades Autónomas. Pero no hemos recibido respuesta o alegación alguna en este sentido. Queremos promover la equiparación de los castellanos y leoneses a las mismas cotas de apoyos y protección que los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas.
L.I.: Debe darse cumplimiento a la legislación vigente para una colaboración efectiva entre los sistemas públicos y privados. Proveer de una financiación adecuada y suficiente al tercer sector para el desarrollo de las políticas sociales al amparo de la Ley 16/2010 de 20 de diciembre de Servicios Sociales en Castilla y León, el Decreto 3/2022 de 17 de febrero por el que establece el régimen jurídico del concierto social y Ley 1 /24 de 8 de febrero de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León, entre otras.
Por lo tanto, ¿cuál es la solución que contempláis?
L.I.: Queremos que se disponga de un sistema de apoyos jurídicos medible, con criterios específicos y resultados obtenidos más allá de las directrices de las sentencias judiciales. La Junta no está teniendo en cuenta las formas de trabajo actuales, que suponen una mayor intervención y, por lo tanto, una mayor inversión económica. La Fundación Feclem le ha pedido a la Administración en reiteradas ocasiones que cuente con la experiencia de las entidades curatelares de la Comunidad, que valore la profesionalidad y métodos de trabajo de la Fundación, certificados con diferentes sellos de calidad, y que respalde la personalización de los apoyos para poder responder a las exigencias de la reforma legislativa en materia de discapacidad. Seguiremos trabajando en esta línea y esperamos encontrar sinergias tanto públicas como privadas que nos permitan seguir mejorando el servicio que presentamos.
R.: Coincidimos en la sensibilidad que la sociedad y los poderes públicos deben mostrar hacia un colectivo que, sin los apoyos necesarios, se convertirían en ciudadanos de segunda categoría. Las personas con un problema de salud mental conforman un colectivo altamente vulnerable en el ejercicio de sus derechos por lo que deben ser protegidos y apoyados al amparo de la normativa vigente. FECLEM nació de las propias asociaciones de personas afectadas y sus familias, por eso es tan importante alcanzar fórmulas de relación jurídica público-privada que fomenten su máxima estabilidad, sostenibilidad y el desarrollo de sus actuaciones en condiciones de calidad.La Asociación Activos y Felices clausura el ciclo de conferencia bajo el titulo ¿Sabias que…? Cuyo objetivo no es otro que acercar el buen hacer de diferentes entidades del Tercer Sector a los leoneses. Este jueves la entidad invitada será FECLEN, que pondrá énfasis en la importancia de la atención jurídica a las personas con un problema de salud mental.
- En primer lugar, vamos a contextualizar, ¿a qué se dedica la Fundación Feclem?
R.: La Fundación Feclem trabaja desde hace 24 años para que una persona con discapacidad por un problema de salud mental disponga de los apoyos necesarios para la toma de decisiones en el ejercicio de su capacidad jurídica. En situaciones de vulnerabilidad o desamparo, un juez puede estimar necesario el proporcionar apoyos a través de una figura de representación o asistencia legal. En caso de ser por un problema de salud mental, requieren a FECLEM. Estudiamos cada caso y, si procede, asumimos el cargo. Desde ese momento, el objetivo de nuestra Fundación será garantizar las medidas de apoyo necesarias para que la persona esté en igualdad de condiciones y fomentar una gestión global o puntual, según cada caso, que permita defender los intereses de cada persona.
- Hace unos meses conocíamos la situación de crisis que atraviesa la entidad. ¿A qué os estáis enfrentando?
L.I.: Aunque Feclem se ha especializado en el servicio de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con un problema de salud mental, la Consejería de Familia continúa financiando a las entidades curatelares con la misma partida que hace 10 años, a pesar del aumento de personas apoyadas en la toma de decisiones. A día de hoy, FECLEM desempeña más de 600 cargos, 200 más que en 2014. Durante los últimos años, la Fundación ha asumido el incremento de costes, a la espera de una respuesta por parte de la Junta que nunca ha llegado, lo que nos ha llevado a situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que prácticamente el 75% del gasto anual corresponde a la partida de personal laboral.
Después de más de 20 años trabajando en los apoyos jurídicos, ¿cómo habéis llegado a este punto?
L.I.: Los motivos principales de esta situación son la falta de actualización del convenio de colaboración suscrito desde 2010 como fuente de financiación con la Junta de Castilla y León, la falta de desarrollo del Decreto de Concertación Social 3/2022, que conllevaría indicadores del servicio y su desarrollo, y la ausencia de concreción y transparencia en los estándares e indicadores de calidad para el desarrollo del servicio por parte de la Fundación Pública Fascyl.
¿Qué estáis haciendo actualmente para encontrar soluciones?
R.: Hemos emprendido una ronda de entrevistas institucionales para dar a conocer la precariedad de medios para ejercer las curatelas en Castilla y León. La Consejera no nos ha recibido y la Gerencia de Servicios Sociales tampoco se ha sentado con nuestra Fundación para buscar soluciones reales y factibles. Por todo ello, hemos creado un manifiesto titulado “Por una ciudadanía de pleno derecho” en el que recogemos nuestro análisis y con el que en un mes hemos llegado al millar de apoyos. También hemos hablado con el Procurador del Común para que medie de nuevo en esta situación, ya que en 2009 emitió una resolución en la misma línea de nuestras peticiones actuales y tampoco se ha desarrollado por parte de la Administración Pública.
- ¿Cuál es la posición que ha tomado la Junta de Castilla y León ante vuestras peticiones?
L.I.: Según la Junta, no tenemos derecho a exigir financiación pública para continuar con nuestra actividad. Está claro que una subvención no sujeta a condiciones no es la solución, lo que sí consideramos exigible es el cumplimiento de la legislación y principios rectores de ésta en nuestra Comunidad Autónoma. Una financiación adecuada y suficiente que dote de estabilidad al tercer sector, protagonista en nuestro ordenamiento jurídico, permitirá el desarrollo de nuestras políticas sociales contempladas en la legislación vigente. Para poder avanzar en un sistema de apoyos a la capacidad jurídica se tiene que tener en cuenta la coexistencia y colaboración entre entidades públicas y privadas.
R.: Se está poniendo en peligro el modelo y la amplitud de los servicios que venimos prestando desde hace décadas lo cual afecta, en último término, a las personas apoyadas. Desde nuestra experiencia basada en sistemas y procedimientos certificados a nivel europeo, se deben exigir las mayores cotas de gestión de calidad a las entidades curatelares.
Entonces, pueden colaborar las entidades privadas y públicas en la gestión de apoyos jurídicos.
L.I.: Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen atribuidas las Administraciones Públicas en el sistema de Servicios Sociales, entendemos que, en esta materia, los servicios de titularidad privada han formado parte del sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y que la Administración pública la ha avalado mediante convenios desde el año 2000. Si nos atenemos a la legislación, no podrán ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que precisa el apoyo. Se trata de evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses, ya que no podemos ser juez y parte como curadores y prestadores de servicios. Desde hace años las Fundaciones privadas que no son titulares de centros o servicios de los que las personas beneficiarias son curateladas han advertido de esta situación. La necesaria separación de roles instada por la Convención de la ONU y puesta de manifiesto en la Ley 8/21, nos obliga a una necesaria participación y colaboración entre lo público y lo privado.
- ¿Existen precedentes en el sistema público-privado de gestión de apoyos jurídicos?
R. : Hemos puesto a disposición de la Junta los datos y acuerdos públicos y le hemos reiterado la necesaria equiparación de nuestra Fundación con las de otras Comunidades Autónomas. Pero no hemos recibido respuesta o alegación alguna en este sentido. Queremos promover la equiparación de los castellanos y leoneses a las mismas cotas de apoyos y protección que los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas.
L.I.: Debe darse cumplimiento a la legislación vigente para una colaboración efectiva entre los sistemas públicos y privados. Proveer de una financiación adecuada y suficiente al tercer sector para el desarrollo de las políticas sociales al amparo de la Ley 16/2010 de 20 de diciembre de Servicios Sociales en Castilla y León, el Decreto 3/2022 de 17 de febrero por el que establece el régimen jurídico del concierto social y Ley 1 /24 de 8 de febrero de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León, entre otras.
Por lo tanto, ¿cuál es la solución que contempláis?
L.I.: Queremos que se disponga de un sistema de apoyos jurídicos medible, con criterios específicos y resultados obtenidos más allá de las directrices de las sentencias judiciales. La Junta no está teniendo en cuenta las formas de trabajo actuales, que suponen una mayor intervención y, por lo tanto, una mayor inversión económica. La Fundación FECLEM le ha pedido a la Administración en reiteradas ocasiones que cuente con la experiencia de las entidades curatelares de la Comunidad, que valore la profesionalidad y métodos de trabajo de la Fundación, certificados con diferentes sellos de calidad, y que respalde la personalización de los apoyos para poder responder a las exigencias de la reforma legislativa en materia de discapacidad. Seguiremos trabajando en esta línea y esperamos encontrar sinergias tanto públicas como privadas que nos permitan seguir mejorando el servicio que presentamos.
R.: Coincidimos en la sensibilidad que la sociedad y los poderes públicos deben mostrar hacia un colectivo que, sin los apoyos necesarios, se convertirían en ciudadanos de segunda categoría. Las personas con un problema de salud mental conforman un colectivo altamente vulnerable en el ejercicio de sus derechos por lo que deben ser protegidos y apoyados al amparo de la normativa vigente. FECLEM nació de las propias asociaciones de personas afectadas y sus familias, por eso es tan importante alcanzar fórmulas de relación jurídica público-privada que fomenten su máxima estabilidad, sostenibilidad y el desarrollo de sus actuaciones en condiciones de calidad.