La seguridad y la precariedad laboral de las educadoras sociales se ha colocado en el centro del debate después del trágico suceso ocurrido esta semana en Badajoz. Tres menores de 14, 15 y 17 años han asesinado presuntamente a su educadora social en un piso tutelado en la capital extremeña para después darse a la fuga en el coche robado a dicha trabajadora. Tuvieron un accidente de tráfico y más tarde fueron detenidos.
«Pocas cosas pasan». Así suena la indignación de una educadora social de León que, tras condenar este hecho terrible, lamenta que «parece que tiene que ponerse la vida de una persona en juego para que llamen la atención del resto». Esta educadora social, que prefiere mantenerse en el anonimato tras su conversación con La Nueva Crónica, trabajó durante un tiempo en un piso tutelado de reforma en León, pero lo abandonó porque «no podía con la situación, era mi salud mental o el trabajo», cuenta, y ahora está en el sistema de protección. Cabe destacar que en la comunidad existe un sistema de protección y otro de reforma de menores. El primero va destinado a los jóvenes que no pueden ser cuidados por sus familias y la Junta de Castilla y León asume su tutela. En el segundo están los menores infractores cuyas conductas deben ser corregidas.
La experiencia de esta leonesa fue «complicada». Relata que en el piso tutelado en el que ella trabajaba «solo» había una educadora social en cada turno con cinco menores con medidas judiciales a su cargo. «Te ves sola, no hay ningún tipo de seguridad», lamenta. De igual manera, critica la precariedad laboral de la profesión y la obligación de hacer otras labores que no les corresponden. «También tienes que cocinar o hacer tareas de limpieza», cuenta, «y mientras tú haces eso, no tienes a otra persona de apoyo que esté controlando por si pasa algo en la casa».
La educadora social explica que su labor es la de trabajar con los menores «habilidades, comunicación, emociones, la mejora de algunas conductas…», y el tiempo que invierten realizando labores que no les corresponden, limita también su «trabajo real».
Como anécdota cuenta que en el piso tutelado de reforma en el que ella estaba en León había un menor «que siempre se escapaba y muchas veces lo traía la policía de madrugada». «A los agentes les llamaba la atención que estuviese yo sola a su cargo», añade la educadora social. Si bien la leonesa nunca fue agredida durante su trabajo en el piso tutelado, sí que vivió «amenazas constantes, insultos casi todos los días y tuve que mediar en peleas».
La leonesa también critica las condiciones del trabajo en la que «los turnos eran muy largos, de 48 horas sin descanso», y que suponen que muchos profesionales del sector acaben abandonando una labor que genera «mucha tensión diaria». «Tengo compañeros que no van a hablar, pero que hasta vomitan antes de ir a su puesto por los nervios», confiesa la educadora social. «El pensamiento es el de intentar pasar el turno sobreviviendo», añade.
Para finalizar, la profesional manda un mensaje a las administraciones y solicita que «se dé más importancia al mundo de lo social». «Estos niños también son el futuro de la sociedad, y si no se destina dinero para que el sistema funcione pasarán más cosas como lo de la compañera en Badajoz», finaliza.
No es "un suceso aislado"
El asesinato de Belén Cortés ha conmocionado a toda la sociedad y ha provocado reacciones en muchos colectivos. El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León (Ceescyl) ha emitido un comunicado condenando el suceso, aludiendo que no se trata de «un suceso aislado», ya que evidencia «la grave desprotección en la que nos encontramos quienes trabajamos en el ámbito social». El Ceescyl critica además a las entidades y administraciones públicas que «infravaloran el papel de las educadoras sociales, primando el abaratamiento de costes por encima de la intervención y la seguridad de los profesionales».
Por esto, el colectivo profesional demanda «actuaciones muy concretas» y anuncia «acciones para visibilizar esta problemática, exigir cambios y defender los derechos, denunciando la negligencia estructural que ha permitido que se llegue a este punto».
"No hay que cambiar nada de la Ley del Menor"
Sandra Palo fue asesinada por cuatro jóvenes, tres de ellos menores de edad, en mayo de 2003. Su caso derivó en una reforma de la Ley de la Responsabilidad Penal del Menor cuatro años más tarde y «se hizo menos flexible». Habla Avelino Fierro, Fiscal de Menores en León, quien considera que la actual normativa «está bien, no hay que cambiar nada». Fierro considera que tiene en cuenta «lo que tenemos entre manos, que son chavales de entre 14 y 18 años, con independencia de sucesos atroces como este».
La Ley del Menor establece diversas medidas de corrección para los menores infractores, que van desde la asistencia a un centro de día, la realización de tareas socioeducativas o el internamiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado, entre otras. La medida máxima en régimen cerrado es de ocho años para los que tienen entre 16 y 17 años y de cinco años para los que tienen entre 14 y 15. «El homicidio para mayores de edad va de 10 a 15 años, así que para alguien que no lo es bien está que sea de dos años menos», razona el Fiscal de Menores.