Extrabajadores de la fábrica de aguas de Folgoso piden la reapertura de la empresa movilizándose

Tras cuatro meses de su salida de le empresa sin previo aviso, los 16 empleados de Aguas Vitaminadas de Folgoso de la Ribera aseguran que la planta sigue inactiva y no saben nada de su vuelta a la vida, excepto un contacto telefónico de un empresario murciano solicitándoles información para poder acceder a la compra de la empresa. Por eso ahora se plantean volver a manifestarse en los próximos 15 días y que las administraciones no se olviden de la empresa, con el fin de que «puedan mediar para que esta maquinaria que hay aquí se mantenga, porque es mucho dinero el que hay invertido y la fábrica era viable», asegura una de las ex trabajadoras de la misma, Lorena Matilla.

Pero el bloqueo de la empresa es lo que ahora más les preocupa, ya que finalmente pudieron acceder al pago del paro, que de inicio se les negaba por no contar con documentación de despido,y todos están a la espera de que salgan los procedimientos judiciales que han abierto por haber sido despedidos sin ser informados de ello y conociendo su situación por un mensaje recibido en sus teléfonos móviles de la Tesorería de la Seguridad Social informándoles de que habían dejado de formar parte de la empresa.

Tras ese paso, los trabajadores, en su mayoría mujeres, salieron a la calle para movilizarse. Lo hicieron a las puertas de la central, reuniendo a medio centenar de personas y pidiendo la continuidad de la fábrica. Allí reclamaron que la sala de la Audiencia Nacional que decretó el bloqueo de las cuentas de la empresa procediera a nombrar un administrador sustituto que permitiera a la fábrica mantener su actividad y su nivel de empleo.

La empresa dio cierre tras haber firmado incluso un contrato suculento con una red de supermercados y tener buena salida, sobre todo en el sur de España, donde más se comercializaba, pero la detención y entrada en prisión provisional sin fianza del administrador único del fondo de inversión propietario de la embotelladora, Jaime Carlos Bagur, relacionado con el escándalo de los centros odontológicos iDental, hizo que las cuentas fueran inaccesibles, por orden judicial.

Por eso también se acumularon los impagos a los empleados que desde septiembre hasta su salida de la empresa no cobraron las nóminas, unos pagos que aún deberán luchar judicialmente. Lo que sí consiguieron es el pago del paro, pero siguen lamentando que la empresa haya quedado muerta «daba mucha vida a la zona, porque, además del empleo directo, había muchos transportistas y la gente se movía por aquí. Ahora no hay nada», lamenta Matilla.

Los trabajadores consiguieron reunirse en Valladolid con responsables de la Junta que les expusieron su intención de mediar para conseguir que efectivamente la fábrica tuviera continuidad «pero desde finales de diciembre que se produjo la reunión no hemos vuelto a saber nada», dice Matilla y temen que se haya quedado en el olvido «mientras se habla de invertir fondos en otras partes».

Su idea sería aprovechar los fondos para la reconversión minera en recuperar esta empresa «que era viable» y cuyas cuentas de resultados no tuvieron que ver con su precipitado cierre. Pero temen que el problema siga siendo el bloqueo de las propiedades de los inversores, envueltos en un caso de estafa por el que pagan pena de cárcel, por lo que piden a las administraciones que pongan sus ojos en resolver esa situación «en una zona deprimida como esta era fundamental tener una fábrica que funcionaba», reclaman.