A la reivindicación histórica de poder realizar dos cambios de potencia en el año, se une ahora el problema del elevado coste del kilovatio consumido y la falta de estabilidad en los precios de la energía que impiden hacer cálculos razonables a la hora de programar las siembras. "Una incertidumbre más que se añade al elevado coste de los carburantes y los fertilizantes, así como la deriva que va a tomar la nueva PAC que está sometida a debate, todos los cuales ponen en jaque la rentabilidad de las explotaciones agrarias", señala.
"El coste de la energía ha entrado en una vorágine incomprensible en las dos últimas campañas que ha impedido realizar compras a futuros, por lo que en la próxima campaña 2023 tendremos que enfrentarnos a los precios que marque el mercado libre, lo que puede multiplicar por cinco el importe de la factura con respecto a lo abonado en el año 2021", apunta Ferduero, que cree que es "algo imposible de soportar" por los regantes, que "no van a poder hacer frente a los recibos de la energía, tanto si sigue vigente la excepción ibérica como si se elimina y si se sigue aplicando el mecanismo de ajuste o no".
El conseguir que los costes energéticos vuelvan o se acerquen a su situación anterior y otras acciones que llevan demandando, creen que deben convertirse en "objetivo prioritario" del Gobierno para evitar la "ruina" del regadío. "Lo contrario podría considerarse inacción y falta de voluntad política por parte de la Administración para afrontar este grave problema", sostiene Ferduero.
Medidas que proponen
En ese sentido, Ferduero estima necesario un plan de acción política transversal e integral (que afecta a varios Ministerios) para aliviar la situación del regadío. Por ello, proponen diferentes medidas.
Primero, piden acometer la legislación y regulaciones necesarias para que el precio de la energía vuelva a una situación razonable y de estabilidad que permita conservar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y evitar su desaparición. "Se debe tener en cuenta que las zonas regables que utilizan electricidad para impulsar el agua y las que lo vayan a hacer en el futuro, han tenido que acometer fuertes inversiones en sus infraestructuras de riego y los elevados costes de producción que tienen que acarrear pueden dinamitar su viabilidad económica", indica.
Por otro parte, reclaman los dos cambios de potencia en el año, sin determinar la duración de cada período, "dado que parece lógico que no tiene mucho sentido el pagar durante toda la anualidad la potencia que solo se utiliza durante la campaña de riego (generalmente unos 7 meses en nuestra demarcación), con el agravante de estar obligado a contratar por todo el período la potencia de los meses de máximo consumo.
Por otro lado, piden la reducción del IVA al 5% como se ha hecho en otros sectores, ya que como consumidores finales, las Comunidades de Regantes no pueden repercutir dicho IVA, que no recuperan, lo que acaba afectando al recibo al que tienen que hacer frente los regantes.
Por último, apuestan por regular jurídicamente un mecanismo simplificado de autoconsumo sin límite de potencia, con una figura "productor" y otra figura "autoconsumidor" (la CR), utilizando el acceso y capacidad de las Comunidades de Regantes y en la que el productor pueda verter la energía no autoconsumida. "Este mecanismo se podría reglar para que al menos un porcentaje tuviera que ser autoconsumido directamente y de esta forma se evitaría la especulación encaminada únicamente a vender energía". asevera Ferduero.
"Si el Gobierno no atiende nuestras reivindicaciones y teniendo en cuenta que el problema que estamos abordando no afecta solo a la Demarcación del Duero, sino que es de ámbito nacional, buscaremos el apoyo del Fenacore y el resto de Federaciones para organizar una gran movilización a nivel nacional para dar a conocer a la sociedad la situación real por la que estamos atravesando y exigir a la Administración competente soluciones a este grave problema", advierte la asociación.
Problema de la sequía
En la Asamblea General de Ferduero también se abordó el problema de la sequía padecida en la pasada campaña, en la que denunciaron que "el Gobierno Central sigue ignorando los problemas de sequía existentes en la cuenca y no adopta las medidas para paliar sus efectos".
En las Juntas de Gobierno de la Confederación celebradas el 14 y el 22 de julio de 2022 se declaró la situación excepcional por sequía extraordinaria de las Unidades Territoriales Carrión, Pisuerga, Tera, Támega-Manzanas, Bajo Duero, Órbigo, en su subsistema Tuerto y Torío-Bernesga, ordenando a las Unidades Administrativas del Organismo de Cuenca el estudio de las medidas que sean necesarias para hacer frente a esta situación. "Se da traslado a la Dirección General del Agua y al Ministerio para la Transición Ecológica de este grave problema, pero tal y como hicieron con el Adaja en la campaña de riegos 2019, ha caído en el olvido y no se ha tramitado el pertinente decreto que permita adoptar medidas como la condonación de cánones y tarifas, la aplicación de medidas fiscales para los afectados, realización de obras extraordinarias que hagan frente a la sequía en el futuro, declaración de pozos de sequía, etc", señala Ferduero.
"Nos consideramos ninguneados y exigimos que si se dan los indicadores para declarar la situación de situación excepcional por sequía extraordinaria se activen los mecanismos necesarios para paliar la situación, tal y como se viene haciendo en otras Demarcaciones como puede ser el caso del Guadalquivir, el Guadiana, el Júcar o el Segura cuando se producen estas circunstancias", concluye la asociación en un comunicado.