“Soy amigo del Gobierno, pero más de la verdad”. Con esta cita, parafraseando a Aristóteles, Fernando Rey (León, 1963) resume su posición intelectual como consejero de Educación de la Junta de Castilla y León: es crítico cuando considera que debe serlo, pero es leal, sobre todo a la estructura institucional y al ordenamiento jurídico. Es una lealtad que va más allá de los partidos políticos, las formas y los grandes discursos, sino que emana de un convencimiento íntimo de que así deben ser las cosas para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. No podía ser de otra forma siendo, como es, uno de los grandes constitucionalistas que tiene la Universidad española. Esa lealtad le lleva a cuestionar decisiones del Gobierno como la implantación de la reválida de cuarto de la ESO porque considera que se introduce un obstáculo innecesario en el desarrollo de los niños que van más justos o a defender que en términos generales la Lomce puede ser un buen modelo con algunas reformas en las que debe evitarse la tentación de politización y sostiene que la sociedad española no es la de 1978 por lo que en algún momento habrá que revisar los acuerdos con la Santa Sede y asegura que los debates sobre la religión católica en las aulas son “viejunos y de ideas rancias”. En lo inmediato, el titular de Educación califica de catástrofe para el sistema educativo la falta de unos presupuestos porque impedirá poner en marcha novedades, convocar oposiciones o invertir en los centros y carga contra la política madrileña: “Esos señores no tienen ni idea de lo que es este país y de lo que necesita”. Asimismo, apuesta por que los próximos dos cursos la prueba final de Bachillerato sea lo más parecido al PAU actual y diseñar después una prueba nacional, avanza un proyecto para transformar la escuela mediante la digitalización “porque la preparación de los niños no puede ser como si fueran a presentarse a oposiciones a notarios”. El consejero de Educación adelanta a la Agencia Ical alguno de sus proyectos: el diseño de centros con experiencias pedagógicas innovadoras, incidir en el bilingüismo en infantil tras una evaluación que ha arrojado mejores datos de los esperados, un debate sobre la posibilidad de fusionar centros dentro de la misma localidad o la exigencia de un alto nivel de inglés para obtener el título universitario. Respecto a la Universidad, avanza la posibilidad de que a lo largo de la legislatura bajen las tasas, aunque sostiene que no le consta que por 120 euros al año más, los alumnos salgan de la Comunidad y cuestiona que la reforma universitaria de Bolonia haya supuesto algún beneficio. En lo personal -hace hincapié para dejar clara su independencia- entiende que los rectores deben ser nombrados por un cuerpo electoral de notables. “La Universidad no es un municipio”, justifica.
El curso acaba de comenzar y lo ha hecho, según la comunidad educativa, con “incertidumbre” y “provisionalidad”. ¿Se verá afectado el rendimiento escolar?
Sin duda. Lo que puede afectar es la perplejidad, la sensación por parte del profesorado de interinidad y de que quizás sus esfuerzos no van encaminados a la buena dirección. En este curso la incertidumbre se reduce a la prueba de Bachillerato sobre el acceso a la universidad que, según el Ministerio, pronto se resolverá. Por lo demás, se ha implantado la Lomce, está funcionando, y no hemos detectado mayores problemas, aunque haya aspectos cuestionables y criticables, como el peso de la filosofía o de la religión. Yo tengo la sensación de que una cosa es lo que ocurre y otra, es la percepción que tiene la comunidad escolar y la ciudadanía. No coinciden: la percepción es excesivamente alarmista, se ve la situación bastante negativa, que no se corresponde con la realidad.
¿Es normal que los alumnos que empiezan Bachillerato no sepan cómo será la prueba a pocos días de comenzar el curso?
No es normal. No es serio ni de recibo. No es propio de un país serio e, incluso, con un Gobierno en funciones esto es algo que tendría que haberse atendido y, además, en diálogo con las comunidades.
¿Ha habido ese diálogo con las comunidades?
Bueno, el ministro sí se ha reunido con los consejeros individualmente, pero en las Conferencias de Educación, por su propio formato, apenas ha habido posibilidad. No es el estilo ideal de relación entre el Estado y las comunidades, gobierne quien gobierne en ambos.
Y en Castilla y León, usted es partidario de hacer una prueba común a las universidades de la Comunidad, ¿dará tiempo este año?
No. Yo no quiero esa prueba común para este año, ni para el que viene porque ya tenemos alumnos de segundo de Bachillerato que empiezan ya. Para estos alumnos, que no saben todavía cómo van a ser valorados, lo justo es que la prueba de acceso a la universidad sea lo más parecido a la PAU anterior y que no cambie la regla de juego porque ya ha empezado el partido. Para el futuro, lo ideal sería una única prueba estatal que era el diseño de la Lomce. Soy un firme defensor de la Lomce, a veces.
Respecto a las otras reválidas, ¿son necesarias para mejorar el sistema?
Aquí hay que distinguir. Un sistema educativo de calidad y serio requiere evaluaciones de calidad periódicas. Son interesantes algunas otras pruebas para medir el nivel de modo comparado entre unos escolares y otros con el fin de actuar más incisivamente. Lo que no tienen sentido son los ranking para desequilibrar la oferta y que las familias quieran unos centros maravillosos y no. ¿Tiene sentido una prueba que tenga valor académico en cuarto de la ESO? No, porque el problema real del sistema educativo es cómo evitamos que algún alumno se quede atrás y acabe fuera del sistema antes de los 16 años porque probablemente va a quedar fuera del mercado laboral. ¿Este tipo de pruebas eliminatorias supone algo para un chico que va bien en los estudios? No y aún le pueden perjudicar en un mal día, pero ¿qué pasa con los que están en el límite? Que hemos introducido un obstáculo innecesario para su desarrollo de modo muy temprano.
El PSOE ha pedido a la Junta que recurra esa reválida…
Me parece una petición curiosa y simpática. Es una prueba a la que no se le augura un futuro feliz y duradero, pero, evidentemente, yo como consejero de Educación voy a aplicar cualquier norma, la haya hecho quien la haya hecho y me guste a mí o no me guste. Porque esto es lo que se llama Estado de Derecho que es un concepto que yo recomendaría que frecuentaran algo más el Grupo Socialista y otros en este país.
Hay una cierta idea instalada de que el sistema educativo, en términos generales, es poco exigente y que las demandas de equidad, se hacen nivelando por abajo ¿Es esa su percepción?
Son ideas contradictorias, entre sí. Tenemos la generación mejor formada pero se supone que ahora no aprenden nada, aunque están expuestos a un montón de deberes que se supone que antes no había. O es una cosa o la otra. Tradicionalmente el pensamiento conservador dice que hay que exigir a nuestros escolares un nivel y es verdad porque en la España educativa hay muchas zonas donde todavía hay un retraso y unos resultados escolares malos. Hay que mejorar el nivel y además hay que unificarlo. Sin embargo, desde la izquierda se suele poner el énfasis en la igualdad porque si ponemos mucha exigencia, sólo unos pocos van a llegar y entonces, ¿qué hacemos con el resto? Y también, tienen razón. Efectivamente, hay una tensión entre calidad e igualdad, pero yo he hecho el mantra de mi legislatura conseguir la máxima dosis de calidad con la máxima dosis de equidad y, por lo tanto, me niego a aceptar posiciones elitistas que sería la versión errónea del énfasis en la calidad ni a admitir visiones paternalistas que sería el exceso o la versión errónea de la idea de equidad.
¿Pero en términos generales podemos decir que los niños salen del sistema con la preparación que deben tener?
Sin duda. No sólo del sistema no universitario. Tenemos buenas universidades, pero no saben hacer visible que son buenas. Son buenas porque tenemos la constatación evidente de que nuestros profesionales son demandados y triunfan, luego este ejercicio de victimismo constante nos lo tenemos que hacer mirar.
Reiteradamente ha denunciado la ideologización o la politización del sistema, ¿percibe ese riesgo?
Efectivamente: una cosa es la realidad escolar y el trabajo de nuestros profesionales y otra es la percepción que a veces se tiene sobre la realidad escolar. Nuestro sistema tiene muchos problemas, necesitamos más financiación en España, necesitamos tomarnos más en serio la educación y, sin duda, la investigación. Hay que cambiar nuestro modelo, pero es más urgente cambiar el de la Universidad que el escolar. Hay que cambiar, pese al juego político, partidista y electoral permanente. También hay que decir que el edificio ha aguantado el vendaval de la crisis y ha mantenido lo esencial y lo fundamental.
Ya que habla de cambio educativo, ¿cuáles son las líneas maestras de esos cambios que respalda toda la comunidad educativa?
Hay que recuperar los derechos del profesor, su carrera profesional y ciertos niveles retributivos, pero eso sólo se puede abordar cuando hay un escenario presupuestario que lo apoye. También habría que revisar algo el currículo escolar. La Lomce se dicta porque se constata que hay partes del territorio donde no se enseña lo suficiente a los niños. También, se dice que hay que cambiar el sistema e ir a uno en el que se enseñen competencias para adaptarse a un mundo laboral y de relaciones sociales que va a ser duro, pero no nos dice cómo. La preparación de los niños no puede ser la tradicional como si fueran a ser opositores a notarios, acumulando conocimientos que se olvidan, sino que nuestros escolares tienen que aprender a trabajar en equipo, a realizar presentaciones, a tener competencias informáticas y lingüísticas, inteligencia emocional, ...
De sus palabras deducimos que lo medular de la Lomce es válido y, sin embargo, hay un consenso en la oposición para derogarla
La Lomce está ejecutada, se puede derogar pero en realidad la derogación implica dictar otra ley que sustituya a la anterior. El cambio en estos años ha sido bastante radical y un poco traumático porque es verdad que se ha hecho demasiado rápido y ahora es imposible cambiarlo de un día para otro. Sólo hablar sobre las cosas que hay que cambia llevaría tiempo. Lo propio sería hacer un solo texto refundido del modelo educativo pero valorando más allá de eslóganes políticos y sin ideologizarlo. Sinceramente, lo que oigo a los políticos madrileños sobre el tema y en general, me parece intelectualmente muy pobre.
Antes se ha referido, pero una de las piedras del zapato acaba siendo la enseñanza de la religión….
Cuando meten la religión en el debate, apaga y vámonos. Me aburre. Efectivamente es un tema que hay que plantear porque ya no estamos en 1978 y en una sociedad fuertemente católica. Hay que evolucionar y efectivamente, en algún momento habrá que revisar los acuerdos con la Santa Sede. Nuestros alumnos necesitan conocer historia de las religiones e historia de la religión católica porque es la que ha ahormado nuestra cultura y nuestras tradiciones. En algún momento espero que podamos hablar en España de los temas de la religión sin tanto apasionamiento. Son debates viejunos y de ideas rancias, que debemos abordar con otra altura.
¿En qué punto se encuentra la polémica en torno a la creación de esos departamentos de religión?
Varios tribunales están reconociendo en España el departamento de religión como parte inherente de la carrera profesional de los profesores de religión y reconocen el derecho a ser jefes de departamento y tutores porque son personal laboral dependiente de la Junta y, por lo tanto, tienen los mismos derechos que el resto. Estamos hablando de que no lo tendrán todos los centros, sino aquellos con dos líneas y 14 horas de religión. Serán 60 centros y el jefe del departamento, que será el profesor de religión más antiguo, cobrará 67,05 euros al mes más y tendrá una hora menos de clase. Es una medida cuyo coste será de 200.750 euros al año, pero en todo caso es algo a lo que ellos tienen derecho. Se puede discutir la presencia o no de la religión en las escuelas públicas, pero tenemos que cumplir las normas.
En el proceso de cambio del sistema escolar ha anunciado un programa experimental de transformación pedagógica. ¿Podría concretar en qué consiste?
Se implantará en colegios de Infantil, Primaria y Secundaria y del centro urbano y rural, entre losque ya han dado muestras del máximo nivel de competencia tecnológica. En España estamos discutiendo sobre reválidas cuando lo que deberemos pensar es en un cambio profundo del modelo de enseñanza. Hay que abordar un proceso profundo de digitalización, que no es sólo que el escolar lleve el dispositivo, sino que la enseñanza se adapte al dispositivo. Hay algunas experiencias muy innovadoras en Cataluña y Madrid, fundamentalmente en centros privados y concertados que, en algunos casos, han derribado tabiques, para trabajar por proyectos en vez de asignaturas y reforzando el inglés y los dispositivos electrónicos para avanzar en función del desarrollo psicológico y la evolución de cada alumno. Todo eso es lo que queremos importar. No podemos hacerlo en los 1.000 centros que tenemos a la vez y, por eso, vamos a empezar con un pilotaje en 27 en un proceso que va a ser lento.
En un periodo de cambios, el medio rural supone un desafío evidente. ¿El sistema que tenemos es el más adecuado? ¿Se plantea alguna revisión?
Es un modelo muy costoso económicamente pero es eficaz. Ayuda a sostener a las personas en el territorio y se ha revelado como un sistema exitoso en cuanto al nivel educativo. El descenso demográfico también nos va a obligar a abrir una reflexión sobre la posibilidad de refundir centros dentro del mismo municipio y crear uno con más alumnos y por lo tanto más posibilidades de ofertar asignaturas.
El modelo de centros bilingües está en revisión, ¿ya tienen un diagnóstico de cómo ha funcionado? ¿Habrá novedades?
En este curso vamos a adoptar las medidas que surjan de la evaluación. Revela que el sistema no es tan discutible como pensábamos inicialmente, aunque hay mucho margen de mejora, pero parece que nuestros escolares sí que están aprendiendo bastante el idioma. Vamos a reforzar el bilingüismo en infantil porque los expertos nos dicen que hay que trabajar en esta etapa en la que los niños son una esponja. En paralelo, revisaremos el modelo en los otros niveles y en la FP y estamos hablando con las universidades para que haya una política lingüística y que cualquier alumno universitario concluya sus estudios con un nivel aceptable de inglés, B2 o C1.
Habla de una escuela BIT: bilingüe, inclusiva y tecnológica. Para que sea inclusiva, ¿cómo piensan abordar los temas de acoso y agresiones en la escuela?
Básicamente, por un lado estamos ya detectando las causas del acoso, excesiva timidez, homofobia, apariencia… y las vamos a diagnosticar mejor. Después, tenemos que preconizar un cambio de mentalidad ya que hasta ahora se consideraba un éxito que hubiera pocos casos. No es una muestra de éxito, sino más bien de fracaso porque sabemos que hay más acoso que el demostrado. Para poder reaccionar contra el acoso, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué casos de acoso hay y, por lo tanto, hacerlo aflorar.Además, vamos a trabajar en un programa, PAR, en el que incidiremos en la reeducación de los agresores y en medidas para reforzar el empoderamiento de la víctima.
Hablemos de presupuesto, ¿qué impacto tendrá que la Junta prorrogue las cuentas el año próximo?
Demoledor. No se va a poder trabajar. La prórroga de presupuestos significa que si no está la partida presupuestaria determinada, no se puede poner nada en marcha nada nuevo. Tampoco podrá haber oposiciones. Todo está paralizado. Necesitamosun Gobierno central porque este juego cortesano que se traen los políticos de Madrid, tan frívolo e irresponsable, tiene unas consecuencias muy letales. Estos señores no tienen ni idea de lo que es este país y de lo que este país necesita. Eso sí que no es de país serio porque tiene unos efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos demoledores.
En cuanto a la Formación Profesional, ¿están satisfechos con la respuesta de los jóvenes? ¿El abandono es muy alto?
Bueno, ha crecido la matrícula y, en este sentido, estamos muy satisfechos. Tenemos un nuevo plan con el objetivo de dignificarla aún más y que se abandone ese cliché de que el que vale, vale y el que no a FP. Ahora queremos iniciar un cambio de modelo hacia la FP Dual que no puede ser para toda la formación profesional, pero esperamos que haya muchos más alumnos. También, tenemos que adaptar un poco los programas formativos y vamos a poner en marcha un plan de lucha contra el abandono escolar. Además, vamos a incentivar el emprendimiento y ayudar a los alumnos a crear su propia empresa.
Decía al principio de la entrevista que es más urgente reformar el sistema universitario que el escolar, ¿también aquí hay una idea clara de los cambios que necesita el sistema?
Se debería suprimir la tasa de reposición de profesorado porque introduce una rigidez en el sistema y ningún ahorro económico. Esto depende del Ministerio de Hacienda y es un clamor universal al que me uno. También, hay que cambiar el gobierno de la universidad y la elección de los rectores. En este caso hablo como Fernando Rey porque no es opinión de la Junta. Soy partidario de que los equipos de gobierno estén designados, digamos, por un grupo de notables. Hay que elegir a gestores de la universidad -no sólo rectores sino decanos o directores- a los que se les exija el cumplimiento de determinados objetivos. Los mejores tendrían que designar al rector y marcarle objetivos. Yo creo que en la Universidad no es un municipio y están claros cuales son los objetivos. Lo que hace falta son equipos que luchen cohesionadamente por esos objetivos porque ahora mismo la toma de decisiones en la universidad es muy difícil porque intervienen muchas personas.
No dice nada del actual sistema de grados.
A mí me gustaba más la estructura anterior de cinco años y carreras de tres años. Creo que a las carreras de tres años no se les ha hecho un favor pasándolas a grados, aunque ellos, por supuesto, están satisfechos y si fuera por ellos no habría vuelta atrás. En todo caso, llevamos no sé cuántos años cambiando constantemente y no me da la impresión de que hayamos salido ganando con el cambio. Alguien ha dicho que la política es el arte de encontrar un problema donde no lo hay; de diagnosticarlo mal, y de ejecutarlo peor. Yo creo que esto ha sido lo que ha ocurrido con la reforma de la Universidad.
El acuerdo de grados y postgrados en Castilla y León despeja la cuestión de las titulaciones durante un tiempo, pero ahora se habla de grados estratégicos.
Básicamente queremos ayudar desde la Junta a que las universidades en aquellas materias donde son fuertes, por el entorno local, por investigadores o por prestigio, puedan ofrecer postgrados de calidad, que sean capaz de atraer alumnos y profesores extranjeros que refuercen su prestigio y visibilidad.
También están trabajado en un consorcio para la formación a distancia de las universidades públicas. ¿Se podrán matricular alumnos ya el próximo curso?
Nuestras universidades públicas ya están iniciando una cierta estrategia de enseñanza digital, pero nos ha parecido que era el momento de ponerla en común para poner en marcha una plataforma tecnológica, que quizá podamos elaborar con el Centro de Supercomputación, y así racionalizar los recursos públicos y poder dedicar el dinero a becas u otras cuestiones. No se trata de crear una quinta universidad sino de tener una herramienta para que cada una pueda plantear su oferta y potenciar al máximo su digitalización.
En cuanto a la financiación de la Universidad, ¿será esta Legislatura la del cambio de modelo?
Espero que en esta Legislatura podamos cambiar el modelo de financiación, premiar los resultados y bajar las tasas. Pero ello necesitamos que haya una cantidad económica apreciable. Es cierto que las cuatro universidades hablan de un cambio de modelo pero lo que piden es objetivamente incompatible entre sí: unas, la de Salamanca, por ejemplo, dice que tiene ya una marca y que necesita fondos adicionales para la excelencia y para potenciarla, mientras que las más jóvenes dicen que se necesita un esfuerzo para ponerlas al nivel del resto. Ambas posturas son incompatibles porque los fondos son limitados.
Se habla de la posibilidad de poner un tramo competitivo para que las Universidades compitan con proyectos por la financiación.
El tramo competitivo beneficiaría solo a los que están y por lo tanto hay que reequilibrar. De alguna manera ya tenemos ese tramo: cuando sacamos convocatorias de ayudas a la investigación por valor de seis millones de euros al año se presentan los investigadores de toda la Comunidad y los que mejor compiten se lo llevan. Es decir, algunas ayudas ya son competitivas.
Hablando de investigación, usted acometió un cambio en el planteamiento dirigido a potenciar la investigación aplicada y que los fondos se concentraran en los proyectos más competitivos.
Hemos sacado ya la orden de convocatoria y este año ya se han distribuido los fondos entre las primeras unidades de investigación. En total han sido 62 ayudas cuantiosas a grupos muy importantes. Hemos incrementado de 1,8 millones a seis, aunque la mitad son fondos europeos y nos obliga a adaptarnos a sus normas. Son ayudas importantes que van desde los 40.000 a los 120.000 euros si se contrata a un postdoctorado que haya pasado dos años en el extranjero. Algunos investigadores nos han planteado que ésta no puede ser la única política de investigación y estoy de acuerdo -yo mismo no soy investigador aplicado-. Por ello, vamos a sacar a la vez una convocatoria también competitiva de investigación no aplicada en la que las universidades se comprometen a duplicar la cantidad de ayuda de la Junta. El Gobierno regional pondrá a su disposición1,2 millones para los próximos tres años y las Universidades otros 1,2 de las universidades. En total, 2,4 millones.
¿Confía también en que las tasas universitarias puedan bajar en esta legislatura?
Yo espero que sí. Tenemos la idea de bajar las tasas cuando se dé el escenario presupuestario. Unalumno en Castilla y León paga 120 euros al año más de media que cualquier otro alumno español, por eso, cuando se dice que nuestros alumnos que se van fuera a estudiar y es por esta causa... pues evidentemente no. Pero las tasas están un poco altas y vamos a intentar bajarlas. Pero también hay que decir, que tenemos las universidades perfectamente saneadas y que todo el dinero que se recauda por las tasas va para las universidades. Cuando se dice que aquí la gente no estudia por esto…a nosotros no nos consta, ni a las universidades, tampoco. 120 euros al año no determina que una persona estudie en Castilla y León y se vaya fuera. Cualquier grado cuesta de media 1,5 millones al año al contribuyente vaya o no a la universidad y el puesto escolar cuesta más de 6.000 euros, mientras que las matrículas están en torno a 1.800 euros de media. Es decir, que todos los estudiantes ya parten con una beca de más de 4.000 euros que sale de los impuestos de los ciudadanos: de los que van a la universidad y de los que no.
Fernando Rey: "Las tasas universitarias están un poco altas y vamos a intentar bajarlas"
El consejero de Educación urge cambiar el sistema universitario antes que el escolar, abre la posibilidad de fusionar centros dentro del mismo municipio y plantea que los titulados universitarios tengan un alto nivel de inglés
17/09/2016
Actualizado a
23/07/2019
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