Folgueral advierte de que no devolverán los sueldos ya que la sentencia es "impropia"

La sentencia que anula el Pleno de Ponferrada en el que se asignaron los sueldos al bipartido dirigido por Samuel Folgueral (desde marzo de 2013 hasta junio de 2015) es de «ejecución impropia». Así lo valora el grupo municipal USE Bierzo, integrado por buena parte de los ediles que componían ese equipo de gobierno, que no se plantean, por tanto, devolver los sueldos tal y como ha reclamadola alcaldesa, Gloria Merayo. La regidora confirmaba esta misma semana que el Consistorio ha iniciado un expediente para recuperar la cantidad de dinero por «cobro indebido», correspondiente a los sueldos de los concejales del equipo de gobierno de Folgueral.

No obstante, para el ex alcalde, esta interpretación de la sentencia por parte de la actual alcaldesa es «torticera» y busca únicamente «enmarañar». Y es que Folgueral reconoce que «la sentencia es clara» y dictamina que la convocatoria del famoso Pleno del Sábado Santo no se ajustaba a la normativa.

Sin embargo, ello no implica nada más que reconocer que, como acto administrativo, fue irregular y la sentencia quedaría por tanto ejecutada «en sus propios términos publicándola», para «dar gusto» a los demandantes, los anteriores concejales del PP.

«Cualquier otra interpretación», apuntó Folgueral, sólo puede estar justificada «o por maldad o por desconocimiento» y supone «extralimitarse» de la sentencia en sí.

Folgueral asegura que ni él ni sus compañeros han sido requeridos «por parte de nadie, ni del juzgado, ni del Ayuntamiento ni de nadie» para devolver el dinero de los sueldos,ni cree que vayan a estarlo porque «nosotrosno hemos sido citados ni nos hemos podido defender», apuntan.

Tal y como explican, una vez que ese Pleno ha sido declarado nulo por sentencia firme, cualquier pretensión con respecto a las consecuencia posteriores derivadas de ese Pleno «deben afrontarse una a una en procesos distintos».

Por ello, acusa a la alcaldesa Gloria Merayo de pretender «un linchamiento» para manchar «la imagen públicade quienes hemos trabajado incansablemente, con aciertos y con errores», reconoció, pero «dignamente». Y apunta que la alcaldesa aprovecha para ello el desconocimiento de la opinión pública sobre términos jurídicos para así confundir.