«Aquí lo que hay es un tema administrativo y yo no soy jurídico. Es al Ayuntamiento al que denunciaron esos dos antiguos ediles», afirmó Folgueral, en referencia a los concejales Juan Elicio Fierro y Reiner Cortés, del anterior grupo municipal popular. Sobre la cuestión más polémica de la anulación del Pleno; esto es, si los ediles deben o no devolver las retribuciones aprobadas en esa sesión, lo que supondría cerca de medio millón de euros, Folgueral remarcó que «en ningún caso se hace explícita esa cuestión de la devolución de los sueldos.Quien se quiera erigir en juez y lo quiera reinterpretar, es su opinión, pero desde luego no lo indica».
Tampoco los responsables del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada tienen clara esta cuestión, por lo que han encargado a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe e incluso podrían solicitar al juzgado una aclaración de cómo debe ejecutarse la sentencia.
Durante el Pleno celebrado este viernes, la cuestión de la ejecución de esta sentencia se trató en último lugar, después de más de tres horas de sesión, y a instancias de una pregunta realizada por el grupo de Ponferrada en Común. La portavoz del equipo de gobierno municipal, Amparo Vidal, reiteró que el Ayuntamiento cumplirá la sentencia, sobre la que ha recibido una orden de ejecución forzosa por parte del juzgado con un plazo de 20 días, bajo pena de la imposición de una multa diaria que puede estar entre los 150 y los 1.500 euros.
«No nos corresponde ser jueces, sino cumplir con la resolución judicial, porque eso no es opinable», expuso Vidal. «Esto no se trata ni de marrullerías ni de cortinas de humo, ahora nos toca ejecutar». La portavoz también recordó que los denunciantes, los anteriores responsables del Partido Popular, han solicitado que la ejecución de la sentencia debe suponer la nulidad de los nombramientos realizados en el Pleno y, por tanto, la devolución de los sueldos percibidos por los responsables de las concejalías.
Folgueral reprochó por su parte el daño económico que considera que supondrá para el Ayuntamiento de Ponferrada la denuncia de los ex concejales del PP, a los que calificó como «un transfuga y un presunto imputado», y a los que acusó de ser los artífices de «haber hundido el Consistorio durante 18 años». «Se le va a generar un grave trastorno económico al Ayuntamiento de Ponferrada», auguró.
Aprobación de 339.000 euros para el TUP
El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó el pago de 339.000 euros a la empresa adjudicataria del Transporte Urbano de Ponferrada, derivados de intereses de demora de pagos no realizados en plazo.
Este punto sirvió para abrir un debate acerca de la situación de este servicio, que se presta sin contrato desde 2012 y para que la portavoz del equipo de gobierno, Amparo Vidal, reiterara que el Ayuntamiento está trabajando para realizar un nuevo contrato en este servicio que ponga punto y final «a esta situación irregular». «Pero en este caso estamos obligados a pagar porque hay una resolución judicial y, si no, seguirán produciéndose más intereses», apuntó.
«Estamos subvencionando la cuenta de resultados de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano», reprochó Miguel Ángel Fernández, portavoz de Ponferrada en Común. «Este servicio no sólo se prorroga sin contrato, sino que además no se paga», criticó el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz. Por su parte, el portavoz de USE, Samuel Folgueral, remarcó que esos intereses de demora corresponden a un periodo que abarca desde el año 2007 al 2013, y sólo «a un mes» de su etapa de gobierno.
Polémica en un Pleno con una decena de mociones
El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada no estuvo falto de polémica. A los habituales choques entre los grupos, se sumó uno producido entre el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, y la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, ocurrido cuando ésta le retiró la palabra tras haber calificado al presidente de la Junta de «impresentable», así como a la propia regidora. Carballo también comparó a Merayo con Franco, «que nos quitó la palabra a los españoles durante 40 años». A partir de ese momento, Carballo se negó a intervenir en el Pleno ni a votar ninguno de los puntos o mociones.
Eso no impidió que el resto de los grupos se pusieran de acuerdo para aprobar hasta una decena de mociones. Entre ellas estuvieron el apoyo a los tratamientos para los enfermos de hepatitis C y la petición a la Junta y al Gobierno para que cree en Ponferrada un centro de atención a las víctimas de violencia de género y dote de mayores recursos al Juzgado número 5, que atiende estos casos. También el apoyo a las personas con fibromialgia y fatiga crónica; el acuerdo de colaborar más con los requerimientos del Procurador del Común y la solicitud de un máster de incendios forestales para el campus.