Tras el paréntesis impuesto por la pandemia del COVID-19 y su impacto en la movilidad, Fomento retomó en la recta final de 2020 los trabajos para recabar sugerencias de los implicados en el transporte de viajeros, con el objetivo de lograr el “máximo consenso”, incluso, antes de que el Mapa, que recoge directrices generales, inicie su tramitación.
Ahora, el departamento de Suárez-Quiñones estudia las aportaciones para decidir si las incorpora al texto, antes de que el Mapa salga a información pública, lo que se producirá a finales de enero, según explicaron a Ical fuentes de la Consejería de Fomento que aspira a dejar aprobado el mismo en junio, lo que supone casi un año más tarde de lo previsto inicialmente y tras el impacto del coronavirus.
Sin embargo, la Consejería se ha ido anticipando y tiene todo el proceso de despliegue del nuevo modelo de transporte muy avanzado para que una vez que se vayan cumpliendo los pasos previstos, continúen los siguientes sin demora. De esta forma, Fomento iniciará en verano la publicación de los anteproyectos de explotación, que se asemejarían a los pliegos de prescripciones técnicas de las futuras concesiones y en los que se determinarán los horarios, las frecuencias, vehículos y el montante económico.
La Consejería quiere analizar estos anteproyectos con los ayuntamientos, las diputaciones, las empresas del transporte, pero también con la patronal y los sindicatos, para alcanzar en el ámbito del Consejo del Diálogo Social un acuerdo de subrogación de los trabajadores para que pasen de una compañía a otra, al cambiar los concesionarios de los servicios de transporte, sin que ninguno vea peligrar su puesto.
Todo ello, en una fase de diálogo y negociación clave para dar futuro al nuevo modelo de transporte de viajeros por carretera, debería permitir la aprobación de los denominados proyectos de explotación con el objetivo de dedicar el año 2022 a la contratación de las concesiones, que tras un periodo de 12 o 15 meses, concluirá con la adjudicación de los nuevos contratos para la próxima década en febrero o marzo de 2023.
Salto tecnológico
Una de las novedades que plantea Fomento es un sistema tecnológico e inteligente para el transporte en Castilla y León, que opta a los fondos de Recuperación y Resiliencia. A partir de algoritmos se pretende planificar las rutas, incluso de forma flexible siempre que se garantice un horario de llegada a destino, la reserva de plazas mediante una aplicación móvil, que ofrezca además información sobre los horarios de las paradas y que permita el pago mediante un bono único, incluso con tarjeta bancaria o el teléfono móvil.
La Consejería confía en que el nuevo modelo entre en vigor en un momento en el que la movilidad haya recuperado la ‘vieja’ normalidad, en línea con los postulados de la última Cumbre del Clima, que apostó por el transporte público y la sostenibilidad. De esta forma, la ocupación actual que tras recuperarse en julio ha vuelto a caer hasta el 50 o 60 por ciento en el medio rural y las áreas metropolitanas, se situaría en el 90 por ciento, en 2023, de acuerdo a los cálculos de la Junta.
El diseño de la Consejería contempla que el Transporte a la Demanda alcance casi el 50 por ciento de la oferta de servicios, lo que supondrá un 78 por ciento de esta modalidad que para Fomento reduce el consumo de combustible y la emisión de CO2 a la atmósfera, puesto que se hacen prácticamente la mitad de los kilómetros que con el sistema actual.
Además, se generalizará la integración de los servicios regulares y escolares en la nueva concesión, de forma que se generan sinergias y se garantiza el equilibrio de la misma entre ingresos y gastos.
Sistema concesional
En la actualidad, el sistema concesional de los servicios de transporte público, en todo o en parte deficitario, que se prestan en Castilla y León, se articula a través de 148 concesiones o contratos de titularidad de la Administración autonómica, 77 autorizaciones administrativas especiales, 13 taxis rurales con reiteración de calendario y horario y 30 concesiones de titularidad del Estado, con tráficos autonómicos.
Los estudios del Gobierno autonómico indican que el índice de ocupación media en cómputo anual de este tipo de transporte no llega a cubrir los costes de explotación. De un total de aproximadamente 1,7 millones de expediciones anuales -en un año previo a la pandemia-, el 90 por ciento son deficitarias. Al tratarse de un servicio público, la Junta financia este déficit con la convocatoria de unas ayudas, que en 2019 ascendieron a 12,9 millones y este año superaron los 27 millones.
Estos fondos contribuyen al mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo afectando a 110 empresas y unos 3.000 empleos directos vinculados al sector del transporte regular de uso general interurbano de Castilla y León.