Frente común contra la prohibición de cazar lobos al norte del Duero

Representantes de las comunidades de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, que albergan más del 95 por ciento de los lobos en España, auguraron este jueves que la prohibición de la caza de esta especie después de que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad aprobara su inclusión en el listado de especies de protección especial, supondrá “un gravísimo problema de gestión” para estos territorios.

Estas comunidades, según trasladaron a través de un comunicado conjunto, rechazaron “de forma unánime” esta propuesta y requirieron al Ministerio para la Transición Ecológica para que deje a un lado la “política de imposición” de una iniciativa que “daña gravemente los intereses generales de los ciudadanos” de estas comunidades en un momento en los que “lo que procede no es dañar a nuestro castigado medio rural sino apuntalarlo” que a su juicio es “el camino contrario al emprendido”.

Además, advirtieron de que los servicios jurídicos de estas cuatro comunidades analizarán las circunstancias que han rodeado la sesión de la Comisión Estatal y el acuerdo adoptado con el fin de promover “todos los recursos que estén a su alcance” para “impedir” una decisión que “no tiene ningún fundamento técnico ni científico” y que, de llevarse a término, podría vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, sobre todo, de gestión cinegética de las comunidades, así como suponer “un gravísimo problema” para la gestión de la especie y su “imprescindible” compatibilidad con la ganadería extensiva.

La oposición a esta medida por parte de estas comunidades fue compartida también por Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra solicitó que la decisión se dejase para una ocasión posterior y renunció por ello a participar en la votación, al igual que hizo la Comunidad Valenciana, mientras que Ceuta no pudo participar por problemas de comunicación en la videoconferencia. La comunidades firmantes de este comunicado explicaron que en una segunda votación fueron ocho las comunidades contrarias a la propuesta y otras ocho favorables, algunas de las cuales “nunca podrán tener al lobo en su territorio ni enfrentarse a su gestión” por cuestiones meramente geográficas. Fue el voto a favor de su propia iniciativa del representante del Ministerio en la Comisión lo que llevó la propuesta de inclusión de lobo en el listado de especies protegidas.

Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, en sus intervenciones a lo largo de la Comisión Sectorial, pusieron de manifiesto que “por vez primera en la larga historia del funcionamiento de esta Comisión y del Comité Técnico y sus grupos de trabajo, un Ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en este listado sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie”.

Estas comunidades recordaron también que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos “muy similares” a los expuestos por las cuatro comunidades, como son por no corresponder “con la situación real” y la evolución de las poblaciones y por generar “un grave problema” en la gestión de la ganadería extensiva muy amenazada por el fuerte incremento del lobo.

Los consejeros de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia expresaron su “profundo malestar” con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado Morán, que “ni siquiera han respondido a su solicitud de celebrar reuniones al más alto nivel para tratar ese asunto”, y lamentaron la “falta de diálogo y consenso” por parte de los representantes del Ministerio, al tiempo que denunciaron “la debilidad” de esta decisión alcanzada por una mayoría “muy ajustada y nada representativa” en cuanto a presencia del lobo en las diferentes comunidades.