Gancedo, más cerca del juicio oral por prevaricación en la ampliación del contrato del agua

La investigación judicial para esclarecer la posible responsabilidad penal de María Eugenia Gancedo por la ampliación del contrato del agua del Ayuntamiento de San Andrés vive sus últimos pasos antes de que se abra un juicio oral. Y es que el Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha emitido un auto por el cual se culmina la instrucción de este proceso y se transforman las diligencias previas en un procedimiento abreviado para que se transmita a la Fiscalía este asunto.

De esta forma, si el Ministerio Público considera que existe tal delito una vez que las partes presenten los escritos, se abriría un juicio oral a la exalcaldesa de San Andrés así como a la que en 2010 era la concejala de Urbanismo Ana María Herrero, ambas acusadas de prevaricación. Eso sí, en este auto se sobresee la acusación a otras dos ediles, Concepción Rodríguez Carús y Patricia Fernández, así como a una funcionaria del Ayuntamiento.

En el auto, fechado el pasado 6 de noviembre, se establece que «no hay indicios suficientes de su participación en este delito», en referencia a las exconcejalas Fernández y Rodríguez Carús, puesto que aunque son las que acompañaron al interventor a Valladolid en el viaje para acudir a un curso (y posibilitar así que no acudiera a una junta de gobierno extraordinaria en la que se votó la ampliación del contrato), ambas no eran responsables, puesto que «no es algo que haya sido planificado por ellas sino que fue una orden recibida por parte de la Alcaldía», ocupada entonces por Gancedo. Además, en el pleno del 3 de septiembre de 2010, cuando se votó la ampliación del contrato, ellas se mostraron a favor «en base a la disciplina de voto», tal y como sucede siempre en cualquier pleno.

Además, en el caso de la funcionaria también se solicita el sobreseimiento provisional puesto que «en su informe de intervención recogió los mismos reparos que en el interventor titular e incluso añadió otros nuevos». «Por tanto, si luego no se tuvieron en cuenta, ella no es la responsable de lo que finalmente se apruebe», se agrega en el auto.

Se responsabiliza así a Gancedo y a Herrero de la ampliación del contrato del agua, propuesta por la empresa concesionaria, entonces Centaria y que luego fue absorbida por Aquagest (ahora Aquona), que supuso incrementar en 15 años pese a que expiraba en 2031, algo que finalmente se aprobó en un polémico pleno el 3 de septiembre y ratificado en una posterior junta de gobierno local. A cambio, el Ayuntamiento recibió dos millones de euros y se le condonó una deuda de la misma cantidad.

Una de las consecuencias de esta ampliación era que la tarifa del agua debía incrementarse un 79,4%, que no se materializó hasta el 1 de enero de 2017, por lo que la diferencia generada en seis años supuso un déficit con la compañía de más de siete millones de euros, que se pagó finalmente en 2016.

En paralelo, la Audiencia Nacional investigó si este contrato pudiera suponer una conexión con la operación Pokemon, por la que este mismo grupo empresarial está siendo procesado por ofrecer regalos a cambio de contratos, aunque finalmente el asunto volvió al Juzgado de León.