
En cuanto al importe que puede suponer ese 3%,la Diputación no puede por el momento concretar una cifra, ya que desde el consorcio no han facilitado al Palacio de los Guzmanes los padrones para los cobros. De hecho, según explica Rodrigo, el consorcio baraja la posibilidad de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia (León, Ponferrada y San Andrés) y Villaquilambre, recauden la tasa en sus municipios, dado que ya cuentan con servicios recaudatorios propios. Por el momento en Gersul no se ha tomado ninguna decisión sobre este asunto, que posteriormente debería ser ratificado por cada consistorio.
Respecto a la elaboración de los padrones, el presidente afirmó en el pleno que los tienen que facilitar y depurar los ayuntamientos y las mancomunidades.
No obstante, en cifras generales, el presupuesto de Gersul ronda los 14 millones de euros, que proceden mayoritariamente de las tasas, por lo que si finalmente la Diputación asume el cobro de la tasa de todos los ayuntamientos, la contraprestación sería de unos 420.000 euros al año.
Por otra parte, la contraprestación recibida por la Diputación puede revertir de forma indirecta en beneficio de las arcas provinciales si, como pidió el PSOE en el pleno, el personal contratado para reforzar Recaudación se pudiera dedicar también a otras gestiones propias del área. Ello permitiría contar con unos recursos que no estaban previstos antes de asumir el compromiso de poner freno a los impagos en Gersul.
Hacia la normalización
En cualquier caso, el convenio suscrito por Gersul y la Diputación puede contribuir a allanar el complicado camino hacia la normalización de la situación del consorcio. Cabe recordar que una resolución del Consejo Consultivo determinó la incapacidad jurídica de Gersul para contratar personal por lo que fue la Diputación la que salió al rescate, después de que una demanda judicial de una de las empresas aspirantes al contrato para gestionar los cobros obligara a paralizar la contratación. Tras la firma de un convenio en la primavera pasada para que la institución provincial dotara al consorcio de seguridad jurídica, este último paso, viene a reforzar la presencia de la Diputación en uno de los órganos que más controversias genera en la provincia. Mantiene una deuda con la empresa que gestiona los residuos tasada por un acuerdo extrajudicial en 23 millones de euros y ha dejado de ingresar más de 10 millones de euros en tasas prescritas.
En este contexto, el pleno extraordinario del 16 de noviembre para aprobar las contrataciones del área de Recaudación suscitó fuertes debates. El propio presidente reconoció entonces que "la cuestión es qué vamos a poder hacer". Entre las incógnitas se encuentra la suscripción de un aval que respalde los créditos que pudiera necesitar Gersul para su funcionamiento corriente, la realización de los padrones de cobro o las relaciones con los responsables "técnicos y jurídicos" (en palabras de Majo) del Consorcio.Además, las discusiones sobre Gersul en la institución provincial siempre están oscurecidas por las sombras de la participación en el consorcio de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que son los que generan mayores gastos para el consorcio.