El Consejo de Ministros acordó declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC) todo el área dañada por cinco incendios registrados este verano en Castilla y León, concretamente los de Santiago de Tormes, en Ávila, y Santa Colomba de Curueño, Barjas, Fonfría y Gradefes, los cuatro en León.
En total, esta declaración se abre a zonas afectadas por 37 incendios en España, para que puedan solicitar las ayudas previstas para paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres y en establecimientos industriales, mercantiles y de otros servicios; así como las que corresponden corporaciones locales cuyos territorios se vieron afectados por el fuego. Se conceden con apoyo en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las comunidades autónomas.
Estos incendios se han producido desde el 24 de junio en distintos puntos de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros), por destrucción o daños en enseres de primera necesidad, con un coste límite de 2.580 euros; ayudas por destrucción total de la vivienda habitual, hasta un máximo de 15.120 euros; por daños a la estructura de la vivienda habitual, en el que se contempla el 50 por ciento de los daños, con un máximo de 10.320 euros; y ayudas por otros daños en la vivienda habitual, con la mitad de los daños, con un máximo de 5.160 euros.
Otras medidas
El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de ayuda, condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas.
Así, se prevén beneficios fiscales. Será el Ministerio de Hacienda y Función Pública el que concrete la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.