Gregorio Chamorro, imputado por un delito de prevaricación

El exalcalde del PP de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, ha sido imputado por un delito de prevaricación, según señala Izquierda Unida a través de una nota de prensa, en la que asegura que la imputación llega "tras la denuncia de IU en defensa de los intereses de la ciudadanía y del municipio".

"Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo llevó la gestión de las piscinas a la Fiscalía para defender el interés de la ciudadanía dado que la empresa cerró unilateralmente el servicio, con los consiguientes gastos que supuso volver a poner en funcionamiento las instalaciones y dado que el PP acordó con la empresa que esto no tendría consecuencias, pagándolo la ciudadanía", lamentan ahora desde IU. A su juicio, "en nuestro ayuntamiento el bipartidismo está imputado por los juzgados, lo cual es prueba suficiente para Izquierda Unida defienda que se necesita un proceso de regeneración a nivel municipal igual que está pasando a nivel nacional, para concebir la política como una servicio a la ciudadanía y no un cortijo".

En la nota de prensa explican que la Fiscalía provincial de León, en virtud de la denuncia formulada por Izquierda Unida, a través de su portavoz Eloína Terrón, el pasado 13 de Abril de 2015, acordó “formular denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de León, contra Gregorio Chamorro Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo en el momento de producirse los hechos, por un delito de prevaricación como consecuencia del acuerdo que alcanzó el 2 de Octubre de 2013, en su condición de alcalde, y sin refrendo de ningún órgano del Ayuntamiento, con la Sociedad Gestión y Explotación Integral SL (Gexin), encargada de la explotación y gestión de las piscinas municipales.

El acuerdo en cuestión suponía, recuerdan desde IU:
1. la aprobación de todas las facturas presentadas y pendientes de presentar por Gexin antes del 31 de Diciembre de 2013;
2. el “rescate” del servicio antes del 31 de Diciembre de 2013, determinando conjuntamente entre Alcalde y empresa, la cantidad a abonar a la empresa con motivo del rescate.
3. No iniciar expediente sancionador contra la empresa, y por lo tanto “no aplicar ninguna sanción, multa o penalización con motivo de la suspensión del contrato”.

La privatización de la gestión de las piscinas municipales a esta empresa comenzó en 2005 con el gobierno del PSOE, recuerda IU. "En vez de suponer un ingreso para el Ayuntamiento la “explotación” de las piscinas por Gexín, el contrato que estableció el PSOE supuso un alto coste para las arcas municipales cada año, que en los últimos años de gestión alcanzaba los 380.000 euros anuales (más de 60 millones de pesetas), ingresos que se ponían desde el Ayuntamiento con el dinero de todos, aparte de la recaudación por entradas, cafetería, restaurante, etc".

Izquierda Unida insiste en que seguirá apostando "por la gestión pública municipal de todos los servicios".