En el caso de que se vendieran todos los décimos premiados, la Administración pública recaudaría 123,8 millones del 'Gordo', otros 29,2 millones del segundo premio y 3,4 millones del tercer premio.
El primer premio asciende a 400.000 euros por cada décimo, de los cuales 72.000 euros son de retenciones en el gravamen de loterías. Teniendo en cuenta que hay 172 series, la recaudación tributaria ascendería hasta los 123,8 millones de euros.
Por su parte, en el segundo y el tercer premio (premiados con 125.000 y 50.000 euros, respectivamente) las retenciones ascienden hasta 17.000 y 2.000 euros por décimo ganador, respectivamente.
De esta manera, el "aguinaldo" para las arcas públicas se mantiene desde que el mínimo exento de tributación se incrementó el 1 de enero del pasado año 2020 hasta los 40.000 euros desde los 20.000 euros exentos en 2019.
Asimismo, los técnicos de Hacienda advierten que, con respecto al tipo de contratos de seguro que "te devuelve los impuestos de la lotería", el cobro de la indemnización equivalente al impuesto retenido está sometido a gravamen como incremento de patrimonio, por lo que los afortunados con algún décimo ganador "deberían incluirlo en su declaración de la renta correspondiente al año en que la perciban, junto al resto de sus rendimientos sometidos a la escala general".
Por otra parte, pese a que los premios sujetos al gravamen de loterías disminuyeron solo un 3,5% en 2020, a Gestha le sorprende que la crisis del coronavirus también haya afectado a los premios recibidos por las fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro, principalmente del sorteo de Navidad, los cuales bajaron un 78% respecto a 2019, hasta los 94,5 millones obtenidos en los tres primeros premios.
Esta pérdida de 337 millones en premios de las entidades jurídicas fue compensada con el aumento de 275 millones en premios que ganaron las familias, lo que a juicio de Gestha anuncia una vuelta a la normalidad y un reflejo de que "los premios los cobran las personas, no las empresas".
En este sentido, los técnicos de Hacienda recuerdan que desde que en 2017 se disparara el cobro de premios por parte de compañías, insistieron en modificar la ley para evitar que las empresas y entidades en pérdidas o parcialmente exentas no tributen y obtengan la devolución de la retención del 20%.
En opinión de Gestha, se dio un primer paso "decisivo" con la ley de prevención del fraude que ha establecido una disposición legal para que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE informen mensualmente a la AEAT de los premios pagados e identifique al perceptor y a su representante legal, la fecha de celebración del sorteo o apuesta, la fecha de pago del premio y la forma de pago.
Según cálculos de los técnicos de Hacienda, hasta octubre de este año las entidades jurídicas habrían ganado 3,8 millones en premios de Loterías de más de 40.000 euros cada uno, cifra muy alejada de los 340 millones logrados en el mismo periodo de 2020.
"Premios sospechosos"
Los técnicos siguen reclamando a la AEAT que les permita abrir un programa de investigación tributaria y de blanqueo de capitales a las fundaciones, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro que acumulan el 98,2% de los 714 millones en premios obtenidos por las personas jurídicas desde 2017, así como a las personas que ganaron grandes premios en distintos sorteos, antes de que prescriba la posibilidad de investigar los fraudes que podrían haberse cometido.
En el marco de la reforma tributaria del próximo año, los técnicos de Hacienda piden al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros, puesto que consideran que así se desincentivaría el juego, además de que no ven ninguna justificación tributaria para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros.
Para Gestha los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo añaden en su declaración los rendimientos que les genere el dinero conseguido, como los intereses bancarios. De hecho, no les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo.
Los técnicos han insistido en que para acabar con el fraude fiscal no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino combatir la elusión mediante mayores competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudación.
Imprimir