El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presionó desde Bruselas para que las instituciones comunitarias, del Consejo Europeo y de España, reduzcan el estatus de protección del lobo de “estrictamente protegido” a solamente “protegido”. Al respecto, recordó que desde el 2019 hasta ahora, la presencia del cánido en el conjunto del país se ha incrementado un 12 por ciento”, según protestó el consejero en un simposio organizado por Asaja.
Suárez-Quiñones participó en este encuentro justo el día antes en que se prevé que el Consejo de Europa rebaje el estatus de protección del lobo de “estrictamente protegido” a solamente “protegido” a petición de la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea, aunque España votó en contra. En caso de que el Convenio de Berna (la entidad del Consejo de Europa especializada en la conservación de la fauna) lo apruebe, solo faltará que el Parlamento Europeo también dé su visto bueno definitivo para que se modifique la directiva europea que afecta la protección del lobo.
El consejero aseguró que la presencia de manadas en todo el territorio español pasó de unas 297 en 2019 a unas 333 “como mínimo” en la actualidad. Con base a estos datos, Suárez-Quiñones acusó al Gobierno de “mentir” en 2019 a Bruselas en su informe sobre la situación del lobo en España al asegurar que se encontraba “en regresión”, cuando “esto no era cierto”. “Este informe faltó a la verdad”, insistió.
De esta manera, comparó que “hay más manadas de lobo en Castilla y León que en toda Francia”, y que de los 75.000 ataques a cabezas de ganado, “unos 12.000, 13.000 o 14.000 han tenido lugar en España”, más de 5.000 en la Comunidad Autónoma. Por ello, Suárez-Quiñones explicó que, aparte de hablar en nombre de la Junta, también protestó en boca de otros gobiernos autonómicos afectados por la presencia del lobo, como Asturias, Cantabria, Galicia, Aragón y la Comunidad de Madrid. “Todos tenemos la misma problemática”, dijo Suárez-Quiñones.
En este sentido, “achacó” la “extracción” de competencias de las diferentes comunidades autónomas por parte de Gobierno y de “tomar la decisión” en 2021 de incrementar la protección del lobo “sin contar” y “en contra” de las regiones afectadas. De hecho, aseguró que el Gobierno amplió el estatus de protección del lobo a la zona del norte del Duero, a pesar de que la legislación europea permitió mantenerlo en simplemente “protegido” por ser una zona “excepcional” con más manadas de lobos que en el global del territorio europeo.
Según explicó el consejero, este decreto ley aprobado por el Gobierno el 2021, para la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) “provocó la indignación de diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el PSOE”. También acusó al Gobierno de “radicalismo” y de “dogmatismo” en materia de protección del lobo y lo contrastó con el hecho de que las comunidades autónomas, incluso las gobernadas por ejecutivos socialistas, optaron por “luchar por su territorio” y con base a la “realidad”.
Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en julio pasado que el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es “desfavorable”.