Huelga del servicio de basuras a partir de lunes

Se puede decir el clásico “se veía venir”, pero ya se ha confirmado definitivamente: los 170 trabajadores del centro de tratamiento de residuos de San Román de La Vega iniciarán a partir del próximo lunes una huelga que, en principio, se convoca para las próximas dos semanas, pero que bien podría pasar a ser indefinida ante la tensión que se ha acumulado a lo largo de los últimos días.

En la noche del pasado jueves Gersul, el Consorcio Provincial para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, celebró una junta de gobierno para decidir si atendía a las pretensiones de los trabajadores, que piden, como se les había prometido por parte de ese mismo consorcio que lo llegó a aprobar en asamblea, una actualización de sus salarios con carácter retroactivo. Gersul dio en su día luz verde a esa subida y las dos empresas concesionarias de la gestión del CTR de San Román, la unión temporal formada por Urbaser y FCC, condicionaron esa subida a que se les subiera el precio que cobran en concepto de canon de explotación. La subida de los salarios con carácter retroactivo tiene un coste de 1,7 millones de euros, y Gersul, pese a haberlo aprobado en su asamblea, incumple ahora lo prometido y aboca a una huelga que tendrá repercusiones en toda la provincia, puesto que los residuos urbanos de la inmensa mayoría de los ayuntamientos se trasladan hasta la citada planta de San Román de la Vega para ser convenientemente tratados. Allí, a partir del lunes, no entrarán más camiones que nos acordados por los servicios mínimos, en los que tampoco ha habido acuerdo entre el comité de empresa y Gersul.

De todas las instituciones que se incluyen en el citado consorcio, la Diputación provincial es la de mayor tamaño, motivo por el que asume el gobierno de este ente que ha vivido siempre envuelto en la polémica, por la dejadez en tiempos del PP y por el oscurantismo y la arrogancia en sus decisiones que han marcado, en realidad, toda la gestión de Eduardo Morán, actual presidente de la Diputación. “Son muy socialistas, al menos presumen de serlo, pero la realidad es que miran más por las empresas que por los trabajadores. No sólo no cumplen lo prometido sino que ahora hacen informes en los que quieren quitarnos algunos derechos que hemos ido adquiriendo y que se reflejan en nuestro convenio”, sentencia ayer Fernando Abella, presidente del comité de empresa de la UTE Legio VII, que es la que formaron hace casi una década Urbaser y FCC para asumir el que sin duda es uno de los contratos más cuantiosos de los que la administración pública licita en esta provincia.

Estas dos empresas ya recibieron este año 23 millones de euros de la Diputación, en cumplimiento de la sentencia judicial que así se lo reconocía por los retrasos en el cobro de las tasas. El caos de Gersul ha provocado a lo largo de estos años situaciones rocambolescas, como el de la empresa que se contrató para actualizar los censo y así saber a quién y cuánto debían cobrar una tasa que, por lo que parece, puede aumentar considerablemente a lo largo e los próximos meses para todos los habitantes de esta provincia.

Todo lo que tiene que ver con Gersul queda condicionado por la renovación o prórroga del actual contrato, que vence a finales de 2024 y para el que son pocas las empresas que se pueden presentar, más allá de las dos concesionarias actuales, por las características del servicio.

A partir del próximo lunes, pues, y hasta la primera semana de octubre, los 170 trabajadores del CTR pararán y se concentrarán tanto a las puertas de la planta de tratamiento situada en San Román de la Vega (inmediaciones de Astorga) como en la Diputación Provincial, principal responsable de esta situación aunque el presidente haya negado en diversas ocasiones ante los medios de comunicación su relación con Gersul, que en realidad está presidido por el diputado y alcalde de La Robla Santiago Dorado: “Dorado nos ha ido dando buenas palabras, con muy buenas formas, y al final nos ha traicionado”, aseguran los trabajadores.

Previsiblemente, a mediados de la semana que viene los contenedores de toda la provincia comenzarán rebosar la basura que irá poco a poco inundando las calles, una situación que ya se ha vivido recientemente en otros lugares de España puesto que este tipo de contratos siempre resultan controvertidos, ya que las únicas empresas que pueden optar a ellos por tamaño han ido pasando de mano en mano, de unos fondos de inversión a otros, con lo cual la deriva de su dirección la terminan pagando directamente los ciudadanos.

Por lo que se refiere a la capital de la provincia, la huelga de basuras llega ahora justo a las puertas de las fiestas de San Froilán, las más tradicionales de cuantas se celebran en León, que este año se verán condicionadas por la presencia de basura en las calles. Lo mismo ocurrirá, si no llega antes una solución que cada vez parece más difícil, con la 'Semana Institucional de la Guardia Civil', que tendrá lugar del 3 al 9 de octubre y en la que la imagen de León no va a ser la más deseada.